La Habana, 26 abr (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió este viernes en La Habana a la presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), Navanethem Pillay, quien realiza una visita de trabajo al país caribeño, donde la condena capital sigue vigente pero no se aplica.
Durante el encuentro, Rodríguez y Pillay hablaron sobre el estado de la aplicación de la pena de muerte en el mundo y la necesidad de tener presente las particularidades de cada país en la consideración de este asunto, precisa una nota publicada en el sitio oficial de la Cancillería cubana.
Asimismo, refiere que el canciller cubano reiteró "el respeto de Cuba hacia los esfuerzos internacionales por la progresiva abolición de esta pena".
El Código Penal cubano sanciona con entre 15 y 30 años de cárcel o pena de muerte al que mate a otro "al obrar por impulsos sádicos o de brutal perversidad".
Aunque la pena capital sigue vigente en el país, existe desde el año 2003 una moratoria de facto por la cual se conmuta por condenas de prisión.
Otros temas de la agenda internacional también estuvieron incluidos en el diálogo entre el jefe de la diplomacia de Cuba y la titular de la CIPM, quien estuvo acompañada por la directora ejecutiva y el director de políticas de la Comisión, Asunta Vivó y Rajiv Narayan, respectivamente.
Por la Cancillería cubana también estuvieron en la reunión el director general de asuntos multilaterales y derecho internacional, Rodolfo Reyes, y el director de organismos internacionales, Juan Antonio Quintanilla.
La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue creada en 2010 en Madrid como resultado de una iniciativa española, con el fin de contribuir con su trabajo a promover, complementar y apoyar toda acción cuyo objetivo sea la obtención de la abolición universal de la pena de muerte.
Entre sus principales objetivos están promover el establecimiento de una moratoria sobre la pena capital en todas las regiones del mundo como un paso hacia su abolición total, e intervenir en casos específicos, en particular cuando su imposición esté prohibida por el derecho internacional.
En ese caso figuran a los menores de edad, las mujeres embarazadas, los enfermos mentales o donde las garantías internacionales en materia de pena de muerte sean violadas. (EFE)
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