El repentino cierre del restaurante El Cochinito ha generado preocupación, consternación y un intenso debate entre los pobladores del municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa.
Se dice que la medida se ejecutó tras la cancelación unilateral del contrato de arrendamiento a la Mipyme Manjares S.U.R.L., administrada por la emprendedora Camila Noa. También se habla de supuestas deficiencias sanitarias que habrían llevado a su cierre temporal.
El histórico inmueble permaneció durante años en estado de deterioro bajo la gestión de la Empresa Municipal de Comercio. Tras ser arrendado e inaugurado en junio de 2026, el espacio fue sometido a una remodelación. Residentes locales y usuarios en redes sociales destacaron que no solo se restauró la infraestructura, sino que se creó empleo, distracciones culturales, buena presencia y buen buffet, además de darle comidas gratis a ancianos.
En torno a las causas exactas del cierre existen diferentes versiones. Por un lado, Lázara Bárbara Mezquía Hechevarría, directora de la Filial Municipal de Comercio, sostuvo públicamente que la Empresa Municipal de Comercio tomó la decisión del cierre por el presunto incumplimiento de cláusulas del contrato, detectado durante una inspección.
Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno local afirman que el motivo principal radicó en el impago del arrendamiento y responsabilizan a los propietarios de la Mipyme por la ruptura contractual.
Por su parte, testimonios de residentes señalan la llegada de inspectores, sin precisar si pertenecían al Consejo de la Administración Municipal (CAM) o a la instancia provincial, y que ordenaron la paralización inmediata de las operaciones tras alegar supuestas violaciones.
Vecinos de la zona confirman a CiberCuba que hace días que no abre El Cochinito, pero no saben qué ocurrió, en tanto por teléfono una trabajadora dijo que cerraron por un problema y que están esperando respuesta, sin precisar, qué tipo de obstáculos enfrentan para reabrir al público.
Hasta el momento, oficialmente no se aclaran los hechos ni qué sucederá con la cuantiosa inversión ejecutada por los arrendatarios, si existirá algún mecanismo de compensación por el capital empleado para sacar al inmueble de las ruinas.
Conclusión: las causas del cese de actividad no han trascendido y en la zona no se habla de otra cosa que de la inseguridad jurídica que ha llevado a truncar un negocio privado en el municipio.
El suceso se enmarca en un contexto donde el Estado cede instalaciones deterioradas al sector privado para su recuperación, mientras emprendedores y observadores advierten sobre la vulnerabilidad de estos negocios ante decisiones administrativas unilaterales y discrecionales. Este episodio revive las preocupaciones en torno a la seguridad jurídica y las garantías para la inversión en el país, recordando antecedentes como el de la comercializadora Diplomarket, de Frank Cuspinera, cuyo negocio resultó intervenido y enfrenta causa penal.
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