La empresaria cubana Yulieta Hernández Díaz, directora de la mipyme privada Pilares Construcciones, afirmó que el principal obstáculo que enfrentan los negocios privados en Cuba es de carácter político y está relacionado con la falta de estabilidad, seguridad jurídica y confianza dentro de la isla.
En un análisis publicado en Facebook, la ingeniera y arquitecta reaccionó a la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) efectivas desde el 30 de septiembre de 2026 de eliminar la autorización que permitía a bancos bajo jurisdicción estadounidense abrir y mantener cuentas para emprendedores privados cubanos independientes, una facilidad aprobada por la administración Biden en mayo de 2024.
Salvo que exista otra autorización aplicable, los fondos y cuentas afectados deben quedar bloqueados y su desbloqueo requiere una licencia específica de la OFAC
Hernández Díaz aclaró que la medida no la afecta directamente, porque no posee cuentas bancarias en Estados Unidos y tampoco conoce personalmente a empresarios cubanos que las tengan.
No obstante, señaló que su impacto podría ser mayor si quienes utilizaban esas cuentas concentran una parte significativa del comercio mayorista privado en Cuba o si una porción importante de los productos que llegan a la isla depende de empresas, bancos o navieras estadounidenses sin alternativas suficientes en otros mercados. Para Hernández Díaz, sin embargo, las dificultades financieras de los empresarios privados cubanos son anteriores a esta medida
«Uno de los principales problemas que tenemos los empresarios privados cubanos es, precisamente, el acceso a servicios bancarios confiables. La banca cubana no nos ofrece la confianza que necesitamos para desarrollar nuestras operaciones y, al mismo tiempo, la banca extranjera, en general, tampoco está dispuesta a asumir el llamado “riesgo Cuba”», explicó.
Hernández Díaz aseguró que desde 2021 ha intentado abrir cuentas en bancos extranjeros sin éxito, incluso durante las flexibilizaciones introducidas por la administración Biden.
Esa exclusión financiera, advirtió, termina repercutiendo en el bolsillo del consumidor.
«Cuando una operación financiera no puede hacerse de manera sencilla, segura y directa, aparecen intermediarios, comisiones, conversiones de moneda, demoras y otros costos y gastos. Al final, esos gastos financieros terminan formando parte del precio de los productos y servicios», señaló.
El señalamiento se produce además en medio de las dificultades de la bancarización impulsada por el gobierno cubano, en un contexto marcado por problemas para acceder al efectivo, operaciones informales y una creciente desconfianza hacia el sistema bancario nacional.
La empresaria también cuestionó la inestabilidad regulatoria en Cuba, que definió como una «esquizofrenia legislativa» caracterizada por «normas que cambian, se modifican, se suspenden o vuelven a aparecer con otro nombre».
«La incertidumbre y la falta de confianza que enfrentamos los negocios privados en Cuba tienen causas internas y externas», sostuvo.
Para Hernández Díaz, «los empresarios necesitamos estabilidad. Necesitamos seguridad. Necesitamos confianza. Necesitamos reglas claras que no dependan de decisiones discrecionales y que puedan mantenerse en el tiempo», afirmó.
Y cerró con una conclusión contundente: «La mayor dificultad que atraviesan los negocios privados en Cuba es política. Como acostumbro a decir: sin transformaciones políticas no habrá transformaciones económicas ni sociales viables, y mucho menos sostenibles».
La polémica sobre el papel de las mipymes volvió a cobrar fuerza después de que Miguel Díaz-Canel afirmara que «el sector no estatal es nuestro», mientras el canciller Bruno Rodríguez había acusado días antes a Washington de perjudicar precisamente a ese sector.
La reacción oficial a las nuevas medidas de la OFAC reavivó así el debate sobre la autonomía real de las mipymes y su relación con el Estado cubano.
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