Los topes de precios aplicados en Cuba han favorecido la corrupción, desplazado productos hacia el mercado negro y fracasado como mecanismo para contener la inflación, según un análisis del economista Ayuban Gutiérrez Quintanilla publicado este martes en el portal oficialista Cubadebate.
El artículo, titulado «¿Liberar o topar los precios en Cuba? Diez preguntas necesarias», cuestiona los resultados de las restricciones administrativas sobre el comercio y advierte que las propias decisiones del Estado pueden agravar los desequilibrios económicos que pretenden corregir.
Gutiérrez sostiene que los controles requieren una elevada capacidad de supervisión institucional y que, cuando se aplican en medio de la escasez y las diferencias de ingresos entre los sectores estatal y privado, generan condiciones que favorecen las irregularidades.
«Estas restricciones terminan provocando un trasvase de bienes y servicios a los mercados informales», señala el autor, quien también afirma que ese escenario «provoca un incremento de la corrupción».
Según su explicación, los comerciantes pueden optar por trasladar los productos regulados al mercado informal o continuar vendiéndolos en establecimientos autorizados sin respetar los precios establecidos.
En ambos casos, el consumidor queda expuesto a una oferta más restringida y a precios que las autoridades no consiguen controlar.
«En Cuba los topes de precios no han dado resultados más allá de unas pocas semanas», sostiene el economista, quien atribuye ese fracaso, entre otros factores, al debilitamiento de la capacidad institucional para hacer cumplir medidas contrarias a la dinámica del mercado.
El análisis también advierte que el incumplimiento generalizado de las regulaciones erosiona la confianza en las instituciones, pues evidencia las dificultades del Estado para hacer efectivas sus propias decisiones.
La crítica alcanza a los llamados precios de referencia, adoptados por distintas administraciones locales después de que el Gobierno nacional eliminara determinados topes durante el verano.
Para Gutiérrez, los precios de referencia son «un eufemismo» y constituyen, en la práctica, «precios topados o una caricatura de estos». Considera además que esas medidas difícilmente podrán sostenerse a mediano y largo plazo.
El autor señala otra contradicción: mientras las autoridades nacionales modifican su política de precios, algunos gobiernos locales continúan imponiendo restricciones similares.
A su juicio, estas diferencias perjudican la credibilidad de la gestión económica y la confianza en la capacidad del Gobierno para dirigirla.
Sobre las causas de la inflación, identifica factores internos y externos. Entre los primeros sitúa los déficits fiscales sostenidos y su financiación mediante emisión monetaria sin respaldo suficiente en la producción, que considera una fuente fundamental de la inflación impulsada por la demanda.
También menciona la caída de la producción nacional, la escasez, las expectativas negativas de los actores económicos, el encarecimiento internacional de las importaciones y las sanciones estadounidenses.
Su conclusión es que fijar precios por decisión administrativa no resuelve esas causas estructurales.
El economista tampoco presenta la liberalización como una solución inmediata para las familias. Reconoce que eliminar controles puede acarrear importantes costos sociales, especialmente en términos de desigualdad, y plantea la necesidad de medidas de protección para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, las explicaciones técnicas contrastaron con las preocupaciones expresadas por numerosos cubanos en las reacciones a la publicación, centradas en una pregunta mucho más inmediata: cómo sobrevivir con salarios y pensiones que pierden poder adquisitivo mientras los alimentos continúan encareciéndose.
Una de las reacciones lamentó que las decisiones económicas nunca parecen beneficiar a los ciudadanos comunes: «El caso es que no hay nada que beneficie a los de a pie, un jubilado no puede vivir así, nadie piensa ni crea algo que ayude al pueblo».
Otra persona cuestionó que las autoridades se concentren en ofrecer explicaciones sobre las causas del problema cuando lo que necesitan las familias son respuestas concretas: «Las necesidades básicas están por encima de toda explicación, se necesitan soluciones urgentes».
El deterioro de los ingresos fue una de las quejas recurrentes. Una reacción señaló que los salarios y las pensiones alcanzan cada día para menos y describió las dificultades de sostener gastos cotidianos como la alimentación de los niños que asisten a la escuela.
La publicación mencionaba el precio de las bolsas de pan, que deben comprarse cada pocos días, y el de un paquete de refresco que, según su testimonio, había llegado a costar 250 pesos. «Realmente debemos hacer magia para sobrevivir», expresó.
Otros comentarios recurrieron a la ironía para cuestionar la distancia entre las explicaciones económicas y las necesidades de la población. «Un trabalenguas que los únicos que no lo entienden son el salario y el estómago», escribió una persona.
En otra reacción se cuestionó que la ciudadanía deba aceptar continuamente nuevas dificultades: «Muchísimas cosas que hay que entender en este, nuestro hermoso e incomparable país. Y no solo entender, ACEPTAR».
La frustración también se dirigió hacia la responsabilidad del Gobierno. «Lo que tengo que entender es que la dirección del país tiene que resolver el asunto, eso es lo que tengo que entender, no sé de qué forma, pero tiene que resolver con topes de precio o sin ellos», señaló un comentarista.
Otra reacción resumió la desconfianza en las autoridades con una frase: «Lo único que yo entiendo es que la solución está en manos del problema».
El rechazo a las justificaciones económicas apareció igualmente en comentarios que criticaron la insistencia en las denominadas causas objetivas. «Es increíble cómo les gusta echar culpas a factores externos», escribió una persona, mientras otra cuestionó por qué los responsables de dirigir la economía no asumían una mayor responsabilidad por sus resultados.
También hubo quienes rechazaron la liberalización de precios por considerar que perjudica especialmente a trabajadores y jubilados. Una reacción sostuvo que eliminar los topes y poner en circulación billetes de alta denominación contribuye al encarecimiento de los productos y al empobrecimiento de quienes dependen de ingresos fijos.
El debate se extendió a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes). Algunos participantes las acusaron de dedicarse principalmente a la reventa de mercancías importadas en lugar de producir bienes, mientras otros denunciaron obstáculos para pagar mediante transferencias bancarias.
Una de las intervenciones más extensas aseguró que determinados negocios rechazan transferencias, establecen horarios o límites para recibirlas y obligan a los clientes a buscar efectivo, una situación especialmente difícil para quienes cobran salarios o pensiones por medios bancarios.
«Pasamos hambre porque no quieren aceptar las transferencias, dinero que se gana con sudor y sacrificio», denunció esa persona. Las acusaciones reflejan experiencias relatadas por los comentaristas, no incumplimientos comprobados individualmente por el análisis económico.
Otras intervenciones apuntaron a la falta de producción nacional y a las restricciones burocráticas. Una persona reclamó planes agrícolas que permitan vender alimentos a precios compatibles con los salarios, mientras otra propuso corregir los trámites de importación que enfrentan las formas de gestión no estatal.
Las reacciones muestran que el desacuerdo no se limita a la conveniencia de fijar o liberar precios. También existe una preocupación por la capacidad real de los cubanos para adquirir alimentos y otros productos esenciales, independientemente del mecanismo elegido por las autoridades.
El diagnóstico publicado ahora no es el primero que reconoce la ineficacia de los topes. En junio de 2026, el propio Miguel Díaz-Canel admitió que esas medidas no habían conseguido contener la inflación y que habían provocado desabastecimiento, desvíos hacia la ilegalidad y mayores precios.
Poco después, el Ministerio de Finanzas y Precios eliminó los límites minoristas nacionales para el pollo troceado, los aceites comestibles, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas.
Sin embargo, la retirada de esos controles nacionales no acabó con las intervenciones administrativas. En agosto, economistas cubanos criticaron la decisión de varias provincias de volver a establecer topes, pese a los resultados negativos reconocidos semanas antes por el propio Gobierno.
Las dificultades para aplicar esas restricciones también fueron expuestas por periodistas de la prensa estatal. En Ciego de Ávila, profesionales del periódico Invasor calificaron los precios topados de «letra muerta», al recordar que las tarifas oficiales anunciadas para productos agrícolas nunca llegaron a reflejarse de manera efectiva en los mercados.
Mientras el debate sobre los controles continúa, la inflación interanual oficial alcanzó el 25,19% en agosto de 2026, según los datos recogidos en un informe del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Para los hogares que dependen de salarios y pensiones en pesos cubanos, esa evolución continúa reduciendo su capacidad de compra.
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