El abogado Reimel Ariosa advierte que el Gobierno español podría intentar una maniobra legal de alto riesgo para blindar la instrucción ministerial de 2022 que amplió el alcance de la Ley de Nietos, pero que esa vía tiene serias probabilidades de fracasar y dejar a los ya nacionalizados en una situación de mayor incertidumbre.
El contexto es el siguiente: el Tribunal Supremo acaba de rechazar el recurso del Estado y ratificó la suspensión cautelar del derecho al voto de 163,020 personas que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Nietos, medida que afecta exclusivamente a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
En una entrevista con Tania Costa, Ariosa abordó la pregunta que más inquieta a la comunidad cubana: ¿quién está realmente en peligro, quien ya tiene la nacionalidad o quien aún no la ha obtenido?
El abogado explicó que el Gobierno podría intentar dar rango de ley a la instrucción ministerial de 2022 —que amplió los supuestos de nacionalización al periodo comprendido entre 1936 y 1955— mediante un decreto-ley que incluye una enmienda a una Ley educativa. Esta maniobra llegaría a la Diputación Permanente del Congreso, una vez disueltas las Cortes, a propuesta del Grupo Sumar.
Ariosa calificó esa posible maniobra de trampa y fue contundente. «Los jueces ya se han pronunciado sobre este tipo de maniobras. Es trampa de ley y tiene las patas cortas porque la realidad es que no sería legal».
Para ilustrar que el gobierno no dudaría en recurrir a ese mecanismo, el la presentadora, Tania Costa, citó un precedente reciente. «Mira lo que hizo el Gobierno de España con los decretos de vivienda: tras ser rechazados por amplia mayoría en el Congreso, los ha vuelto a llevar a la Diputación Permanente y los ha aprobado con 35 votos. No lo pudo sacar en el Congreso por mayoría y lo saca con 35 votos en la Diputación Permanente del Congreso».
Si el gobierno ejecutara esa maniobra, Ariosa plantea dos escenarios posibles. «O sale bien porque el Tribunal Constitucional dice que bueno, que está bien hecho... o si sale mal porque el Tribunal Constitucional lo tumba, volvemos a casillas de inicio, volvemos a que estamos dependientes de la sentencia del Tribunal Supremo».
En cuanto al fondo del litigio —la legalidad de la instrucción ministerial del Ministerio de Justicia, que amplió la horquilla temporal para nacionalizarse a los descendientes de 'exiliados' españoles que emigraron entre 1936 y 1955—, el abogado fue claro: «De momento el Tribunal Supremo no ha entrado al fondo de la cuestión. No, no ha entrado y no esperamos que entre antes del 29 de noviembre, no va a entrar, esto va para largo».
Esa demora es relevante porque, mientras el Supremo no se pronuncie sobre el fondo, la suspensión del voto no implica pérdida de nacionalidad para nadie y los procedimientos de concesión continúan con normalidad.
Ariosa señaló que el mayor riesgo no recae sobre quienes ya tienen la nacionalidad en mano, sino sobre quienes tienen expedientes aún pendientes de resolución, ya que los criterios administrativos o judiciales aplicados podrían cambiar antes de que sus trámites concluyan.
El Consulado General de España en La Habana acumulaba más de 137,700 expedientes a mediados de este año, y se estima que entre 300,000 y 350,000 personas en Cuba iniciaron trámites desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022.
Según Europa Press, el Supremo ha reafirmado sus dudas sobre la legalidad de la instrucción ministerial, aunque la resolución del fondo del asunto no tiene fecha prevista y podría extenderse durante años.
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