Abogado Willy Allen advierte que una multa de tráfico puede negarte la fianza migratoria

Una infracción de tránsito menor —exceso de velocidad, tocar el claxon de forma incorrecta— puede ser suficiente para que un juez de inmigración niegue la fianza a un inmigrante detenido. Así lo advirtió este martes el abogado Willy Allen en su programa semanal en vivo, junto a Tania Costa, al analizar el impacto de una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que endurece los criterios para conceder fianzas migratorias en todo Estados Unidos.

La decisión en cuestión, conocida como Matter of M-S-V-, 30 I&N Dec. 130 (BIA 2026), involucra a un ciudadano ruso al que la BIA le revocó una fianza de 20,000 dólares que había concedido un juez de inmigración. Allen fue categórico: «Esto afecta a todo el mundo».

El abogado explicó que el gobierno apeló la decisión del juez de inmigración argumentando que este no tomó suficientemente en serio dos factores que siempre deben evaluarse antes de otorgar una fianza: el riesgo que representa la persona para la comunidad y el riesgo de que no se presente en futuras audiencias.

Lo que preocupa a Allen es la tendencia que viene observando desde el año pasado. «Yo he tenido la experiencia con este gobierno desde el año pasado que muchos jueces niegan fianza porque la persona tuvo una multa de tráfico y ven la multa de tráfico como un peligro a la comunidad, aunque sean multas totalmente ridículas por exceso de velocidad o por tocar mal el claxon», señaló. «Multas que nunca se hubieran tomado en serio en el pasado».

Según Allen, desde 2025 ese tipo de infracciones menores se han convertido en argumentos válidos para denegar la libertad bajo fianza. Y la nueva decisión de la BIA consolida esa práctica. «Esta decisión endurece y le da más fuerza a los jueces para poder determinar que una multa es lo suficientemente fuerte para negar una fianza».

El caso concreto que motivó la discusión involucra a un camionero que conducía con licencia ordinaria en lugar de la licencia comercial (CDL) requerida para manejar vehículos de carga. El gobierno utilizó esa circunstancia como argumento de peligro para la comunidad. «Debió haber tenido la CDL, que es la licencia más fuerte para los camioneros», comentó Allen.

El abogado aclaró que estas decisiones son recurribles y que su firma ha logrado revertir negaciones de fianza en apelación, lo que representa una vía disponible para quienes enfrenten esta situación.

En el mismo programa, Allen también actualizó el estado de la demanda colectiva de 992 cubanos con formulario I-220A ante la jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida. El 9 de octubre, el gobierno presentó una nueva moción para desestimar la demanda enmendada, alegando falta de jurisdicción y que no expone una reclamación jurídicamente válida. «En este momento está todo en papeles», resumió Allen.

Los demandantes, representados por el abogado Mark Prada, tienen de plazo hasta el 23 de octubre para responder a esa moción. Allen especuló sobre los próximos pasos. «Yo sospecho que la jueza lo que va a hacer es juntar todos los casos que hay pendientes y de ahí tomar una decisión futura».

Los 992 cubanos buscan que el tribunal reconozca que su detención y posterior liberación equivale a un parole, lo que les permitiría solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

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