El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), organización con sede en México, documentó 93 eventos relacionados con personas privadas de libertad durante septiembre, de los cuales 79 implicaron vulneraciones de derechos. Además, recogió información sobre al menos cuatro fallecimientos vinculados al sistema penitenciario cubano, según su informe mensual.
La organización no gubernamental documentó «un panorama de deterioro en las prisiones cubanas, marcado fundamentalmente por la negación de atención médica, la mala alimentación, las restricciones a la comunicación y las muertes de personas privadas de libertad», detalla el texto.
Las denuncias provienen de 34 centros de reclusión —cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal— distribuidos en 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las provincias con mayor concentración de incidentes fueron Camagüey, La Habana y Mayabeque. Los penales más citados en el informe fueron Kilo 8 y Kilo 7, en Camagüey, y la prisión de Quivicán, en Mayabeque.
El CDPC identificó a 72 personas afectadas: 68 hombres y cuatro mujeres. Otras 23 denuncias describieron situaciones que impactaron a toda la población de un mismo establecimiento.
Por categorías, la negación de atención médica encabeza el listado con 27 reportes, seguida por el estado de salud (26), la alimentación (19), las restricciones a la comunicación (15) y los traslados (9).
Muertes de presos: denuncias por falta de atención médica y hambre
Uno de los casos es el del preso político Florentino Morono Torres, recluido en la prisión provincial de Las Tunas. Sufrió un infarto en su celda el 18 de septiembre sin recibir atención médica oportuna y murió dos días después en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de esa ciudad.
El preso común Reinier Ramírez Domínguez falleció en el hospital Calixto García de La Habana, 17 días después de obtener una licencia extrapenal. El CDPC describe que «su estado de salud ya estaba severamente comprometido debido a la deficiente atención médica en prisión».
El CDPC cita al opositor José Daniel Ferrer, quien difundió una nota recibida desde la Prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, en la que un recluso informó de las muertes por hambre de Denisen Omar Sierra y de un hombre privado de libertad identificado como Abelito. Familiares de presos en ese penal han denunciado hambre extrema, hacinamiento y agua contaminada.
«Además de los casos individuales, la fuente menciona a otros diez presos en estado crítico por la falta de alimentación y la desnutrición severa, información que el CDPC está investigando para conocer la situación de cada recluso», precisa el informe.
Un periodista independiente y presos políticos
El informe identifica como víctimas más frecuentes a los detenidos por razones políticas y a quienes padecen enfermedades crónicas o infecciosas: tuberculosis, diabetes, asma, psoriasis y VIH.
Entre los presos con más eventos registrados figura el periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, arrestado en Camagüey en septiembre y posteriormente trasladado a la cárcel de máxima seguridad Kilo 7. También aparecen los presos políticos Roberto Pérez Fonseca y Vladimir Castillo Llanes, en Quivicán, y Ediolvis Marín Mora, en Kilo 7.
El CDPC documentó además represalias contra quienes protestan por las condiciones de reclusión: suspensión de visitas y llamadas, celdas de castigo y golpizas.
Un subregistro en un sistema opaco
La organización advierte que sus cifras constituyen «un subregistro de los eventos y víctimas reales» y atribuye esa limitación a «la opacidad sistemática del régimen cubano», que no publica estadísticas de mortalidad carcelaria ni permite el acceso de observadores independientes.
Por su parte, Cubalex documentó 12 muertes vinculadas a la custodia estatal durante septiembre —la cifra mensual más alta desde febrero de 2026—, incluyendo ocho en prisiones, dos excarcelados fallecidos poco después de salir y dos reclutas del Servicio Militar Obligatorio. Ambas organizaciones trabajan con metodologías distintas y sus conteos no deben sumarse, aunque los dos informes recogen denuncias relacionadas con la falta de atención médica y la desnutrición.
Por otra parte, Prisoners Defenders registró un nuevo récord de 1,372 presos políticos en Cuba hasta el primero de octubre, superando el máximo anterior de agosto.
Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el propio CDPC contabilizó 60 muertes bajo custodia estatal y 1,330 violaciones de derechos, entre ellas 402 casos de negación de atención médica y 224 de deficiencias alimentarias.
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