El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a California revisar, en un plazo de 48 horas, una lista de personas que considera probablemente no ciudadanas y adoptar medidas sobre sus papeletas electorales antes de los comicios federales del 3 de noviembre.
La secretaria de Estado, Shirley N. Weber, rechazó la presión y cuestionó que Washington pretenda imponer esas actuaciones sin aportar, a su juicio, pruebas suficientes ni una base legal que las justifique.
La exigencia figura en una carta fechada el 13 de octubre de 2026, firmada por R. Trent McCotter, fiscal general adjunto interino, y dirigida a Weber.
El documento advierte que el Gobierno federal podría solicitar una intervención judicial urgente si las autoridades electorales no cumplen lo requerido.
El conflicto gira en torno a la verificación de ciudadanía y el tratamiento de los votos por correo, en un momento en que California ya desarrolla los preparativos para las elecciones del 3 de noviembre.
La controversia también plantea una distinción importante: que el Gobierno federal considere a una persona posiblemente no ciudadana no demuestra, por sí solo, que esté inscrita ilegalmente ni que haya cometido fraude electoral.
La carta solicita revisar una relación de personas cuya ciudadanía estadounidense, según el Departamento de Justicia, requiere comprobación.
Si las autoridades no logran confirmar esa condición, Washington pide que sus papeletas sean separadas, pero no canceladas, mientras se determina su elegibilidad.
La petición incluye dos instrucciones específicas para el voto por correo: retener el envío de papeletas que todavía no hayan sido remitidas a las personas señaladas y, respecto a las que ya hayan sido devueltas, no verificar sus firmas ni tabularlas hasta resolver la cuestión de ciudadanía.
El Departamento de Justicia también ofrece facilitar una copia digital de la información mediante una dirección segura. Ese ofrecimiento forma parte de la comunicación federal y resulta relevante porque las autoridades locales han planteado objeciones sobre la forma en que recibieron los datos.
La carta constituye una exigencia administrativa acompañada de una amenaza de litigio, no una orden judicial ni una sentencia que haya declarado ilegales los votos cuestionados.
La respuesta estatal llegó el miércoles 14 de octubre. En un comunicado oficial, Weber sostuvo que su oficina recibió la exigencia, pero no recibió la lista de personas que debía investigar.
La funcionaria cuestionó que el Departamento de Justicia otorgara apenas 48 horas para obtener la información, examinarla y adoptar decisiones que podrían afectar papeletas electorales a menos de tres semanas de las elecciones.
Weber también afirmó que las autoridades federales no han proporcionado la evidencia ni la justificación jurídica que, según su posición, serían necesarias para respaldar la solicitud.
Defendió los procedimientos electorales de California y aseguró que la legislación estatal establece requisitos para que únicamente los ciudadanos estadounidenses puedan registrarse para votar.
La secretaria de Estado considera que las actuaciones federales relacionadas con los registros electorales pueden generar desconfianza pública.
Esa es la valoración expresada por su oficina, mientras que el Departamento de Justicia sostiene que su intervención busca comprobar la elegibilidad de las personas identificadas.
La situación en el condado de Los Ángeles añade otro elemento al desacuerdo: su registrador electoral, Dean C. Logan, confirmó que recibió correspondencia del Departamento de Justicia durante la tarde del 13 de octubre, acompañada de una memoria USB que supuestamente contenía los registros cuestionados.
Sin embargo, en su declaración oficial del 14 de octubre, Logan explicó que su oficina no abrió el dispositivo porque hacerlo entraría en conflicto con sus protocolos de privacidad y seguridad informática.
El funcionario precisó además que la comunicación no indicaba cuántas personas estaban incluidas ni describía el contenido de los registros almacenados.
Su oficina, añadió, estaba revisando el asunto en coordinación con la Secretaría de Estado y la Fiscalía General de California para determinar los próximos pasos.
Logan defendió que cualquier actuación que afecte la elegibilidad de un votante debe basarse en información verificable y en los procedimientos previstos por la legislación.
La recepción del dispositivo, por tanto, no significa que el condado haya confirmado la condición migratoria o la ciudadanía de las personas presuntamente incluidas.
La disputa tiene antecedentes en la estrategia federal de revisión de registros electorales. El pasado 7 de octubre se conoció que ICE había analizado decenas de millones de registros en busca de posibles votantes no ciudadanos, utilizando información de distintas fuentes y herramientas de procesamiento de datos.
También existe una controversia judicial sobre el sistema federal SAVE, empleado para comprobar información relacionada con la ciudadanía.
En septiembre, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema reactivar una versión ampliada de esa herramienta, después de que su utilización quedara limitada por decisiones judiciales.
Para los cubanos residentes en Estados Unidos, la distinción entre residencia legal y ciudadanía estadounidense sigue siendo esencial.
Tener una tarjeta de residencia permanente, conocida como green card, no concede por sí solo el derecho a votar en elecciones federales. Ese derecho corresponde, como regla general, a los ciudadanos estadounidenses que cumplen los demás requisitos electorales.
Una controversia reciente en Florida también puso de relieve las diferencias entre las reglas de elegibilidad y las facultades para perseguir infracciones.
El 7 de octubre, un juez federal de Miami desestimó una acusación basada en una disposición federal contra el voto de no ciudadanos, en una decisión limitada al caso examinado que no autorizó a los residentes permanentes a participar en elecciones federales.
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