Un juez federal desestimó la demanda presentada por la administración del presidente Donald Trump contra las leyes santuario de la ciudad de Nueva York, al determinar que el Gobierno estadounidense no puede obligar a las autoridades locales a colaborar en la aplicación de las leyes civiles de inmigración.
La decisión representa un revés judicial para la estrategia de la Casa Blanca de conseguir que las ciudades y los estados participen en sus operaciones de deportación, y mantiene vigentes las restricciones que limitan la colaboración de la Policía y otras agencias municipales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El fallo fue emitido por Ramón E. Reyes Jr., juez del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, quien concluyó que el Gobierno federal carecía de legitimación procesal para presentar la demanda y rechazó sus argumentos de que las leyes nacionales prevalecían sobre las disposiciones municipales impugnadas.
Según informó The New York Times, el magistrado expuso sus conclusiones en una sentencia de 25 páginas y señaló que la Constitución protege a los gobiernos estatales y locales frente a los intentos de obligarlos a destinar sus propios recursos al cumplimiento de responsabilidades federales.
En su resolución, citada por Courthouse News, Reyes sostuvo que ninguna ley federal obliga a los estados a participar en las operaciones de control migratorio del Gobierno nacional.
El juez también consideró que los argumentos de la administración Trump intentaban eludir las protecciones de la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense, que limita la capacidad del Gobierno federal para imponer determinadas obligaciones a los estados y sus autoridades.
«Incluso si Estados Unidos tuviera legitimación procesal —y no la tiene—, sus argumentos sobre la prevalencia de la ley federal fracasan», escribió Reyes, según la cobertura del medio judicial.
La sentencia rechaza así la pretensión de que las autoridades municipales deban poner a disposición de ICE sus empleados, instalaciones y recursos para ejecutar medidas migratorias.
¿Qué significa el fallo para los inmigrantes en Nueva York?
Las leyes santuario de Nueva York limitan las circunstancias en las que la Policía y otras agencias municipales pueden colaborar con las autoridades federales de inmigración.
Entre otras disposiciones, restringen la retención de personas por solicitudes administrativas de ICE y el intercambio de determinada información sobre quienes se encuentran bajo custodia local.
De acuerdo con Reuters, el magistrado explicó que la administración federal no podía impugnar una disposición municipal que impide a la Policía retener inmigrantes únicamente a petición de las autoridades migratorias, porque esa práctica también está prohibida por la legislación del estado de Nueva York.
Asimismo, concluyó que las normas municipales que restringen la divulgación de fechas de liberación, ubicaciones y otros datos relacionados con la custodia de inmigrantes no contradicen una obligación federal de compartir esa información, porque tal obligación no existe en los términos planteados por el Gobierno.
La decisión no prohíbe que ICE opere en Nueva York ni impide que sus agentes realicen arrestos migratorios por cuenta propia. Su alcance se concentra en la facultad de la ciudad para establecer límites a la participación de sus trabajadores y al uso de recursos municipales en esas operaciones.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró el fallo y lo calificó como una victoria frente a la política de deportaciones de la administración Trump.
«El Gobierno federal acudió a los tribunales buscando obligar a la ciudad de Nueva York a convertir a sus servidores públicos en agentes de deportación y desviar nuestros recursos hacia la ejecución de la cruel agenda de ICE. Hoy perdieron», afirmó Mamdani en un comunicado oficial de la Alcaldía.
El alcalde sostuvo que la resolución confirma que Washington no puede apropiarse de las funciones de los trabajadores municipales para imponerles tareas de control migratorio.
También defendió las leyes santuario como un mecanismo para que los residentes puedan acudir a los servicios públicos sin temor a que solicitar ayuda los convierta en objetivos de deportación.
Por su parte, Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, agradeció la decisión judicial y afirmó que protege la capacidad de las autoridades estatales y locales para aprobar sus propias normas.
Según Courthouse News, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la sentencia.
Una demanda presentada en 2025
El Departamento de Justicia había presentado la demanda en julio de 2025, argumentando que las políticas santuario de Nueva York obstaculizaban el trabajo de los agentes federales y contravenían la supremacía de la legislación nacional.
Entre las objeciones del Gobierno figuraban las restricciones para compartir información sobre fechas de liberación, comparecencias judiciales y situación de custodia de personas que podrían ser objeto de procedimientos migratorios.
Las políticas santuario de la ciudad tienen antecedentes que se remontan a 1989, durante la administración del entonces alcalde Edward Koch, aunque sus disposiciones han evolucionado a lo largo de las décadas.
La administración Trump ha recurrido a los tribunales para cuestionar medidas similares en otras jurisdicciones, dentro de su campaña para ampliar la cooperación de los gobiernos locales con las autoridades federales de inmigración.
Según The New York Times, los tribunales federales también han rechazado impugnaciones contra políticas santuario en otras localidades y estados, entre ellos Boston, Chicago, Los Ángeles, Colorado y Minnesota.
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