El economista Elías Amor advierte que la nueva Ley 187 de la Vivienda de Cuba —publicada este miércoles en la Gaceta Oficial y con entrada en vigor prevista para el 21 de octubre— representa una oportunidad perdida para transformar de verdad el sector inmobiliario de la isla.
En una entrevista con Tania Costa, Amor sintetiza su diagnóstico sin rodeos: «La vivienda en Cuba en este momento no es la mejor opción para invertir porque creo sinceramente que el Estado ha perdido una gran oportunidad de hacer una ley distinta».
El economista cree que lo que necesita Cuba es una ley que garantice que "la construcción pase a ser una actividad privada por naturaleza, en donde el Estado renuncie al control excesivo y a una regulación absolutamente absurda e injerencista, y deje que el sector privado, la oferta y el mercado activen el desarrollo de la construcción de todo tipo de inmuebles».
Para ilustrar el problema de fondo, Amor establece un paralelismo con el sector agropecuario cubano. «En la agricultura, el guajiro nunca será dueño de la tierra en la que se está dejando su vida. Y como no va a ser nunca dueño de la tierra, sus incentivos para mejorar la productividad y conseguir buenas cosechas son los que son», señala.
Y añade: «En la construcción pasa exactamente igual. Si el mercado no existe y quien regula es el Partido Comunista y sus organizaciones municipales, ¿quién tiene derecho o no a una vivienda? ¿Cuántas viviendas se pueden tener y cuál debe estar en la Playa y cuántas en el campo?».
La Ley 187 sustituye a la norma de 1988 e introduce avances concretos: permite que cubanos residentes en el exterior y extranjeros posean hasta dos inmuebles, elimina la confiscación automática de propiedades por emigrar, reconoce el derecho a la herencia y abre la puerta a cooperativas de vivienda.
Sin embargo, la norma no autoriza la banca privada ni garantiza el acceso a crédito hipotecario para compradores particulares, y no reforma la Constitución de 2019, lo que según sus críticos impide la plena operatividad de un mercado hipotecario real.
Ese vacío es precisamente el que Amor señala como el talón de Aquiles de toda la arquitectura legal.
El economista también apunta a la paradoja que ilustra mejor que ningún dato el estado del sector: la construcción es la actividad que mejores salarios paga en Cuba, con casi 14.500 pesos mensuales de media, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, y aun así nadie quiere trabajar en ella.
El contexto macroeconómico agrava el panorama. La inflación interanual en Cuba alcanzó el 28,44% en septiembre de 2026, con una acumulada del 24,85% en los primeros nueve meses del año, y Amor prevé que cerrará entre el 35% y el 40% a finales de diciembre, lo que hace inviables los subsidios y créditos prometidos a jóvenes y familias vulnerables.
Para el economista, el problema no es técnico sino estructural: «Mientras que todo eso no se elimine y se deje absoluta libertad al sector, está pasando igual que con las tierras. Hay limitaciones claras por parte del sistema para que la economía funcione y se dinamice».
El déficit habitacional oficial supera las 900.000 viviendas, y en 2025 el régimen terminó apenas 2.382 unidades de las 10.795 planificadas, un cumplimiento del 22%. Con esas cifras de fondo, Amor concluye que la nueva ley no cambia lo esencial: mientras el Partido Comunista decida quién vive dónde y cuántas propiedades puede tener cada cubano, el sector seguirá paralizado.
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