El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos puso en marcha una regla que reduce de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para responder a una notificación de posible cancelación de su estatus migratorio.
La medida, publicada en el Registro Federal, entró en vigor el 14 de octubre de 2026.
La norma modifica el procedimiento de respuesta a la Notificación de Intención de Terminar (NOIT) el estatus de refugiado, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emite cuando determina que una persona no reunía los requisitos para obtener esa protección en el momento de su admisión.
Si la notificación se envía por correo postal, se añaden tres días al plazo, para un total de 13 días desde el envío.
Se cuentan todos los días, incluidos fines de semana y feriados federales. Sin embargo, si el último día coincide con un sábado, domingo o feriado federal, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil.
Los afectados pueden presentar pruebas por escrito o solicitar una entrevista con USCIS dentro del plazo establecido. La norma aclara que no es necesario entregar toda la documentación durante esos diez días si se solicita oportunamente una entrevista para presentar argumentos oralmente.
¿A quiénes afecta exactamente?
La regla se aplica a personas admitidas formalmente como refugiadas en Estados Unidos bajo el Programa de Admisión de Refugiados (USRAP), cuyo estatus no haya sido sustituido por la residencia permanente y que reciban una notificación de posible terminación.
La administración Trump revisa al menos 185,000 expedientes de refugiados con solicitudes de residencia permanente pendientes, según informó Associated Press.
La nueva reducción del plazo no modifica directamente los procedimientos del parole humanitario, el asilo, el formulario I-220A, la residencia permanente ni la ciudadanía.
El impacto para los cubanos es limitado
Para la mayoría de los cubanos en Florida, la medida tiene un alcance directo reducido.
Muchos cubanos han llegado mediante parole humanitario —incluido el programa CHNV—, han solicitado asilo, recibido documentos I-220A o utilizado otras vías migratorias, entre ellas la Ley de Ajuste Cubano.
Estas categorías no equivalen automáticamente a la admisión formal como refugiado bajo el USRAP.
En el año fiscal 2024, 258 cubanos fueron reasentados formalmente mediante ese programa, frente a un total de 100,060 refugiados admitidos en Estados Unidos durante el mismo período.
Por tanto, los cubanos que podrían verse directamente afectados son aquellos que ingresaron como refugiados formales, conservan ese estatus y reciben una notificación de intención de terminación.
La revisión también afecta a refugiados venezolanos
Los venezolanos figuran entre las nacionalidades incluidas en los procesos de revisión de admisiones de refugiados.
Una revisión de más de 14,500 expedientes de personas procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, admitidas entre 2021 y 2024, identificó más de 1,500 casos con indicadores de posibles riesgos para la seguridad pública, incluidas presuntas vinculaciones con pandillas, según el preámbulo de la regla.
Estas cifras corresponden al conjunto de las cinco nacionalidades examinadas y no permiten determinar cuántos casos pertenecen específicamente a venezolanos.
Las consecuencias de no responder a tiempo
Si una persona recibe una notificación de intención de terminación y no responde dentro del plazo, pierde la oportunidad de refutar las razones expuestas por USCIS mediante ese procedimiento.
La regulación establece que, en esas circunstancias, el organismo procederá a terminar su estatus de refugiado.
La terminación del estatus también supone la pérdida de la autorización de empleo vinculada a esa condición. Además, puede dar lugar a procedimientos migratorios que conduzcan a la expulsión de Estados Unidos.
La norma no contempla una apelación administrativa ante USCIS contra la decisión de terminación del estatus de refugiado.
Los familiares que obtuvieron su condición migratoria como derivados del refugiado principal también pueden enfrentar consecuencias, dependiendo de su situación migratoria.
Organizaciones de defensa rechazan la medida
Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, señaló que «estas familias hicieron todo lo que se les pidió. Se sometieron a entrevistas, verificaciones de antecedentes y años de espera en el extranjero, y solo pisaron suelo estadounidense una vez que los funcionarios del gobierno aprobaron sus solicitudes».
Vignarajah añadió que el DHS «quiere revisar esas decisiones en un plazo de 10 días, un período de notificación totalmente insuficiente para encontrar un abogado, traducir documentos u obtener registros de un país del que se vieron obligados a huir».
Naomi Steinberg, vicepresidenta de Refugiados, Política de Inmigración y Defensa de HIAS, criticó también la decisión y la calificó como un nuevo retroceso en las protecciones ofrecidas a los refugiados en Estados Unidos.
Una nueva restricción en la política migratoria
La regla forma parte de los cambios introducidos por la administración Trump en la política migratoria estadounidense.
El DHS sostiene que la reducción del plazo permitirá acelerar los procedimientos contra personas que, según las autoridades, no cumplían los requisitos para obtener el estatus de refugiado al ingresar al país.
Las organizaciones defensoras de refugiados advierten, por su parte, que el período de respuesta puede resultar insuficiente para conseguir asistencia legal y reunir documentos.
El DHS abrió un período de comentarios públicos sobre la regla hasta el 13 de noviembre de 2026, mediante el expediente USCIS-2026-0397, disponible en Regulations.gov.
La disposición está vigente mientras transcurre ese período de comentarios.
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