El Gobierno cubano ha seleccionado 1.913 bodegas de una red de más de 12.000 establecimientos para atender a personas en situación de mayor vulnerabilidad, mientras continúa impulsando la transformación de parte del comercio estatal mediante los llamados mercados de barrio.
La cifra representa aproximadamente el 16 % de la red nacional de bodegas y plantea una pregunta importante para millones de consumidores: ¿qué ocurrirá con los más de 10.000 establecimientos restantes?
La información fue ofrecida por Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), durante una intervención en el programa Haciendo Radio, de Radio Rebelde, según informó el propio organismo en una publicación oficial en Facebook.
La funcionaria precisó que no todas las bodegas se convertirán en mercados de barrio y puso como ejemplo la red de 1.913 establecimientos seleccionados para atender a personas con mayores necesidades.
Sin embargo, el MINCIN no aclaró qué destino tendrá el resto de las bodegas, cuántas conservarán sus funciones tradicionales ni cuáles serán reconvertidas bajo las nuevas modalidades comerciales.
¿Qué pasará con las más de 10.000 bodegas restantes?
La declaración del MINCIN confirma que existe una selección de establecimientos para atender a personas vulnerables, pero no implica que el Gobierno haya anunciado el cierre de todas las bodegas restantes.
Por el momento, las autoridades no han presentado un calendario nacional de reconversión ni una relación de las bodegas que continuarán distribuyendo productos mediante la libreta de abastecimiento.
Mientras tanto, el régimen avanza en la expansión de los mercados de barrio, un modelo que permite entregar la administración de establecimientos comerciales estatales a diferentes actores económicos.
Según Portal de Villiers, actualmente existe una red de 47 mercados de barrio en Cuba.
Estos establecimientos pueden ser administrados por empresas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, modalidades de inversión extranjera y otros actores autorizados.
La adjudicación de su gestión se realiza mediante un procedimiento simplificado de licitación, aprobado por la empresa que tiene el inmueble bajo su uso y administración. Según explicó la funcionaria, se da prioridad a los actores económicos radicados en el propio municipio.
El modelo contempla incentivos fiscales y exoneraciones del pago de arrendamiento para los gestores, vinculados a la comercialización de los productos incluidos en la oferta definida oficialmente.
El Ministerio sostiene que estos beneficios deben contribuir a incrementar la variedad de mercancías y disminuir los precios minoristas.
La transformación ya tiene antecedentes en diferentes provincias. En septiembre, CiberCuba informó de una convocatoria para entregar a gestores privados la administración de 16 bodegas en Santa Clara, con incentivos que incluían hasta dos años de exoneración del pago de arrendamiento.
El MINCIN anuncia la distribución de arroz gratuito y otros alimentos
Durante su intervención, Portal de Villiers también ofreció información sobre la distribución de un módulo alimenticio que comenzó a entregarse en diferentes territorios del país.
Según la publicación oficial del MINCIN, el módulo contiene:
Cinco libras de arroz procedentes de un donativo de China, que se entregan gratuitamente.
Una libra de azúcar, que debe pagarse.
Una libra de chícharos, también con costo para el consumidor.
La distribución comenzó en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, así como en el municipio especial Isla de la Juventud.
En el caso de Mayabeque, el ministerio informó que la entrega ya concluyó.
Adicionalmente, la funcionaria anunció la distribución de un kilogramo de frijoles negros procedentes de un donativo en cuatro provincias: La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.
El comunicado no precisó los precios que deberán pagar los consumidores por el azúcar y los chícharos, ni especificó las condiciones de entrega de los frijoles negros.
Tampoco detalló un calendario por municipios, el número total de beneficiarios o si estos módulos se distribuirán exclusivamente entre las personas identificadas como vulnerables.
La información resulta especialmente importante en un contexto de escasez de alimentos, retrasos en la distribución de la canasta familiar normada y dificultades económicas para numerosos hogares cubanos.
¿Quiénes tendrán prioridad en los mercados de barrio?
La directora general de Ventas de Mercancías explicó que los mercados de barrio pueden aplicar mecanismos de venta regulada dirigidos a personas en mayor situación de vulnerabilidad, grupos de edades priorizados y mujeres embarazadas.
Estas modalidades dependerán de la disponibilidad de productos, la demanda, los precios y las evaluaciones de las necesidades territoriales y sociales.
Esto significa que la posibilidad de aplicar ventas reguladas no equivale a garantizar una oferta permanente de alimentos subsidiados en todos los mercados de barrio.
La nueva información se conoce pocos días después de que el primer ministro Manuel Marrero anunciara un programa de distribución mensual de alimentos para 883.000 cubanos considerados en situación de mayor vulnerabilidad.
El anuncio de Marrero contemplaba cinco libras de arroz, una de azúcar y otra de granos para los beneficiarios identificados por las autoridades.
No obstante, la publicación del MINCIN no establece expresamente que las 1.913 bodegas seleccionadas sean los únicos establecimientos encargados de esa distribución ni explica cómo se relacionan ambas medidas.
Los mercados de barrio generan críticas por sus precios
El régimen cubano presenta los mercados de barrio como una alternativa para acercar productos básicos a la población y ofrecer precios inferiores a los de otros establecimientos comerciales.
En septiembre, las autoridades prometieron precios entre un 15 % y un 30 % más bajos en estos mercados, aunque esa diferencia no garantiza que los alimentos resulten asequibles para quienes dependen de salarios y pensiones en pesos cubanos.
En Contramaestre, Santiago de Cuba, por ejemplo, la apertura de un mercado de barrio mostró productos como arroz a 350 pesos, pollo a 750 y aceite vegetal a 2.000 pesos, según los precios publicados en septiembre.
La experiencia también ha generado cuestionamientos por la escasez de mercancías. En La Habana, un consumidor documentó un mercado de barrio con apenas cinco productos disponibles, en contraste con la imagen de abundancia que las autoridades promueven sobre estos establecimientos.
Más recientemente, una consulta de la prensa oficial sobre los mercados provocó numerosas críticas de cubanos que cuestionaron los precios, la falta de productos y la ausencia de estos comercios en determinadas localidades.
Las quejas reflejan un problema que la transformación comercial no ha conseguido resolver: la distancia entre el precio de los alimentos y la capacidad adquisitiva de buena parte de la población.
La incertidumbre sobre la libreta de abastecimiento
La selección de bodegas para personas vulnerables se produce mientras el Gobierno cubano continúa modificando el modelo de distribución de alimentos que durante décadas funcionó mediante la libreta de abastecimiento.
El sistema, implantado en 1962, permitió adquirir determinadas cantidades de productos a precios subsidiados, aunque su funcionamiento se ha deteriorado progresivamente por la escasez y los retrasos en las entregas.
Recientemente, un recorrido periodístico por La Habana encontró bodegas cerradas, vacías o reconvertidas, mientras consumidores expresaban preocupación por la pérdida progresiva de un mecanismo de distribución del que todavía dependen numerosas familias.
El Gobierno insiste ahora en concentrar determinados recursos en las personas identificadas como más vulnerables, mientras impulsa nuevas formas de gestión comercial para intentar sostener una red estatal deteriorada.
Sin embargo, la información del MINCIN deja sin respuesta cuestiones fundamentales: cuántas bodegas continuarán funcionando, dónde estarán ubicadas, cómo se atenderá a los consumidores no incluidos en los programas de asistencia y qué garantías existirán para acceder a alimentos a precios asequibles.
Por el momento, las autoridades no han anunciado la eliminación oficial de la libreta de abastecimiento ni el cierre de las más de 10.000 bodegas que no aparecen dentro de la red seleccionada para personas vulnerables.
Lo que sí confirma el nuevo anuncio es que la reorganización del comercio estatal continúa avanzando, mientras millones de cubanos siguen enfrentándose al mismo problema cotidiano: conseguir alimentos suficientes y poder pagarlos con sus ingresos.
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