Cuba busca ampliar sus posibilidades de exploración petrolera en el Golfo de México mediante el aprovechamiento de una extensión de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.
Las autoridades cubanas calculan que el área comprende aproximadamente 1,700 kilómetros cuadrados adicionales de fondo marino y subsuelo, donde podrían desarrollarse futuras investigaciones sobre la existencia de recursos naturales, incluidos petróleo y gas.
El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, difundió este sábado en Facebook información sobre la investigación científica que permitió fundamentar la solicitud cubana ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, relacionada con una zona conocida como Polígono Oriental del Golfo de México.
El trabajo recibió uno de los Premios Nacionales correspondientes a 2025 de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), que distinguió 104 resultados científicos en diferentes especialidades.
La investigación sobre la plataforma continental fue reconocida en la categoría de Ciencias Técnicas.
El objetivo consistió en demostrar, mediante estudios geológicos, geofísicos, hidrográficos y geodésicos, que la plataforma continental cubana se prolonga naturalmente más allá del límite de las 200 millas náuticas, conforme a los criterios establecidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La iniciativa tiene antecedentes que se remontan a 2009, cuando Cuba presentó su solicitud original ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.
Posteriormente, el 15 de febrero de 2024, las autoridades cubanas entregaron una propuesta modificada con información técnica adicional.
El 26 de febrero de 2025, la Comisión aprobó, con modificaciones, las recomendaciones sobre la solicitud cubana, después de evaluar los estudios y argumentos científicos presentados.
El procedimiento tuvo una continuación jurídica en 2026. Según los registros oficiales de Naciones Unidas, el 21 de abril de este año Cuba depositó las coordenadas geográficas correspondientes a los límites exteriores de su plataforma continental, incluidos los situados más allá de las 200 millas náuticas, conforme al Decreto-Ley 110 del 17 de octubre de 2025.
El resultado permite a Cuba establecer los límites de un área del lecho marino y subsuelo sobre la cual puede ejercer derechos soberanos específicos para explorar y explotar recursos naturales, conforme al derecho internacional.
Sin embargo, esto no significa que Naciones Unidas haya entregado a Cuba una nueva porción de territorio nacional, ni que el país haya adquirido soberanía sobre las aguas situadas encima de esa plataforma.
Los derechos relacionados con la plataforma continental se refieren fundamentalmente al lecho marino y su subsuelo. Por ello, el reconocimiento tiene interés para actividades como la exploración de minerales y posibles yacimientos de petróleo y gas.
La cifra aproximada de 1,700 kilómetros cuadrados fue proporcionada por las autoridades cubanas en la información divulgada por Rodríguez.
La documentación consultada de Naciones Unidas confirma el procedimiento y las recomendaciones, aunque no se ha comprobado de manera independiente esa superficie mediante una medición cartográfica.
Uno de los participantes en el proyecto fue Alejandro Morales Abreu, especialista de la Unidad Científica Tecnológica de Base de Geofísica del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET).
Según explicó en declaraciones recogidas por Rodríguez, la investigación buscó «sustentar la demostración de la ampliación del territorio sumergido cubano en el Golfo de México».
El especialista señaló que el establecimiento de estos límites puede ofrecer mayores posibilidades para negociar, explorar y eventualmente explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marinos a mediano y largo plazos.
El área objeto de la investigación se encuentra en el Polígono Oriental del Golfo de México, donde convergen las plataformas continentales de Cuba, México y Estados Unidos.
La delimitación marítima entre esos países cuenta con acuerdos anteriores. La propia documentación presentada por Cuba ante Naciones Unidas hace referencia a los tratados de delimitación de la plataforma continental suscritos en 2017 con México y Estados Unidos.
Por tanto, las recomendaciones de la Comisión no deben interpretarse como una nueva negociación territorial entre los tres países, sino como parte del procedimiento técnico y jurídico para establecer los límites exteriores de la plataforma continental cubana.
Para sustentar su solicitud, los investigadores recurrieron a estudios sísmicos bidimensionales realizados anteriormente por la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), inicialmente destinados a trabajos de exploración de hidrocarburos.
La información fue reinterpretada y complementada con estudios especializados sobre las características geológicas y geofísicas del fondo marino.
En el proyecto participaron especialistas del CEINPET, profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), la Oficina Nacional de Hidrografía y Geodesia y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), con colaboración del Instituto Superior de Diseño.
Morales describió el proceso de presentación de los resultados ante los especialistas internacionales como una experiencia exigente, en la que el equipo debió justificar sus metodologías, responder preguntas y defender las conclusiones técnicas.
«Prácticamente como volver a los tiempos de estudiante cuando te presentas a un examen, y un examen muy riguroso», recordó.
Según su testimonio, las sesiones de trabajo en Naciones Unidas se extendieron durante una semana y requirieron coordinación entre expertos científicos, representantes diplomáticos y traductores familiarizados con la terminología especializada.
En medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, aumentar la producción nacional de petróleo y gas constituye uno de los objetivos del sector, aunque los posibles beneficios de nuevas exploraciones no serían inmediatos.
Morales Abreu reconoció que los trabajadores del CEINPET también enfrentan los apagones y las limitaciones materiales del país, circunstancias que, según explicó, refuerzan la importancia que atribuyen a sus investigaciones.
«Somos gente de este pueblo, que igual sufrimos los apagones y las limitaciones, y porque las sufrimos estamos conscientes de la importancia de que nuestro trabajo sea exitoso», expresó.
El avance confirmado es, por tanto, científico y jurídico: Cuba consiguió recomendaciones favorables, con modificaciones, de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y posteriormente depositó las coordenadas de sus límites exteriores ante Naciones Unidas.
El reconocimiento científico adquiere interés adicional en un momento en que el Gobierno cubano intenta modificar el marco legal del sector petrolero para ampliar las posibilidades de inversión y participación empresarial.
l pasado 12 de octubre, se publicó el Decreto 184 de 2026, reglamento del Decreto-Ley 135 «De Petróleo y Gas», que desarrolla las condiciones jurídicas aplicables a la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.
La nueva regulación comprende actividades petroleras tanto en tierra como en la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Cuba, y establece procedimientos para permisos, licencias, contratos y concesiones.
Entre sus disposiciones figura la posibilidad de que determinadas empresas privadas cubanas participen directamente en actividades de exploración y explotación petrolera, bajo autorización estatal.
Según los requisitos divulgados con la nueva normativa, las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas de más de 100 trabajadores y las cooperativas no agropecuarias podrán aspirar a concesiones, siempre que acrediten las condiciones técnicas y legales exigidas.
El procedimiento requiere la intervención de los organismos competentes y las aprobaciones estatales correspondientes. Obtener una acreditación técnica no garantiza que una empresa reciba una concesión.
Las concesiones podrán alcanzar una duración máxima de 30 años, prorrogables por otros 10, sin transferir la propiedad de los yacimientos a los operadores privados.
Además, el régimen abrió nuevas posibilidades para la inversión privada en refinerías, depósitos de combustible y otras instalaciones relacionadas con la industria, en un intento de atraer recursos financieros y mejorar su capacidad operativa.
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