El régimen cubano aprobó esta semana una nueva legislación de hidrocarburos que especialistas interpretan no como una reforma económica genuina, sino como una señal política dirigida a Washington. Según un análisis de Martí Noticias, el Decreto-Ley 135/2026 «De Petróleo y Gas» y su reglamento (Decreto 184/2026), publicados el lunes en la Gaceta Oficial, entran en vigor el próximo 19 de octubre.
La norma deroga la Ley de Minerales Combustibles de 1938 y la Ley 635 de 1959, actualizando por primera vez en casi nueve décadas el marco legal de los hidrocarburos en la isla. Abre formalmente la participación de inversionistas extranjeros y de actores privados nacionales —mipymes y cooperativas— en la exploración y explotación de petróleo y gas, aunque los yacimientos siguen siendo declarados «propiedad socialista de todo el pueblo», sin transferencia de titularidad.
Las modalidades previstas incluyen contratos de producción compartida con vigencia de hasta 40 años, prorrogables por 10 más, y concesiones petroleras de hasta 30 años. Los límites de recuperación de costos se fijan en 65% de la producción bruta en tierra y aguas poco profundas, y hasta 75% en aguas profundas. Las concesiones se adjudicarán preferentemente mediante licitaciones públicas abiertas.
Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, afirmó que la nueva norma busca «ratificar y ampliar la apertura a la inversión extranjera con seguridad jurídica».
Sin embargo, los expertos consultados por Martí Noticias ofrecen una lectura más política. Emilio Morales, economista y presidente de The Havana Consulting Group, fue directo: «El régimen se siente asfixiado: sus principales socios se han retirado y ya no recibe créditos de aliados políticos. En este contexto, el nuevo decreto parece más un gesto conciliatorio hacia la administración Trump que un intento genuino de atraer otros inversionistas».
Morales apunta a un contexto de aislamiento sin precedentes. Tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año, los envíos venezolanos de crudo —que llegaron a superar los 96,000 barriles diarios en 2011 y se habían reducido a unos 26,500 en 2025— se interrumpieron por completo desde mediados de diciembre pasado. Pemex también suspendió sus cargamentos ante el riesgo arancelario impuesto por Washington. La producción nacional de CUPET, de apenas 40,000 barriles diarios, cubre un tercio de la demanda interna, estimada entre 90,000 y 110,000 barriles por día.
A esa presión energética se suma la presión financiera: el Departamento de Estado sancionó a CUPET en junio de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404 de Trump, bloqueando sus activos en Estados Unidos y prohibiendo cualquier transacción con personas estadounidenses. CUPET y CIMEX, ambas bajo el conglomerado militar-empresarial GAESA, controlan prácticamente toda la cadena de valor petrolera y están vedadas al capital occidental.
Jorge Piñón, investigador senior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, ha advertido que atraer inversión real exige algo más que un nuevo texto legal. Según su análisis publicado en Diario de Cuba, «para que Cuba tenga un segmento de distribución y comercialización de combustibles abierto, independiente y eficiente, necesita reestructurar su actual modelo monopolístico de la cadena de valor petrolera».
La reforma forma parte de un paquete de 176 medidas económicas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en junio, y se complementa con la eliminación del límite de 100 trabajadores para empresas privadas aprobada en septiembre, que amplía el universo de entidades que pueden aspirar a concesiones.
Para Morales, la intención de fondo es inequívoca: «La Habana está sola y entiende que su supervivencia pasa por pactar con Washington. Abrir las reservas petroleras sería un anzuelo para evitar una intervención que hoy parece la única opción real sobre la mesa».
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