El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, compareció ante la prensa el jueves en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para denunciar las presiones de Washington previo a la votación anual de la Asamblea General sobre el embargo estadounidense a Cuba, prevista para los días 27 y 28 de octubre.
«Cuba no se dejará intimidar, chantajear ni silenciar», advirtió el diplomático, en lo que constituyó una de las declaraciones más directas del régimen cubano en el organismo multilateral en las últimas semanas.
El eje central de la denuncia fue la celebración, este lunes 19 de octubre, de un evento organizado por la Misión Permanente de EE.UU. en la propia sede de la ONU bajo el título «Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta», que abordará la situación de presos políticos, la presunta trata de profesionales médicos cubanos y la corrupción del régimen.
Soberón calificó el acto de «maniobra de motivación política, organizada de manera cuestionable, cuyo claro propósito es atacar a Cuba, promover una narrativa hostil contra nuestro país y utilizar las instalaciones de las Naciones Unidas para impulsar la agenda política del Gobierno de los Estados Unidos contra un Estado miembro soberano».
El embajador cubano argumentó que el evento viola la instrucción administrativa ST/AI/2019/4 de la ONU, que exige que los actos celebrados en sus instalaciones sean coherentes con los propósitos de la Carta del organismo. «Las Naciones Unidas no son una plataforma para la persecución política, la injerencia en los asuntos internos de los Estados ni las campañas destinadas a socavar su soberanía», enfatizó.
Soberón también acusó al secretario de Estado Marco Rubio de contactar directamente a jefes de Estado y de Gobierno para presionarlos a cambiar su voto sobre la resolución cubana, calificando esa gestión de «inaceptable campaña de acoso e intimidación política». El Departamento de Estado confirmó que Rubio llamó el 13 de octubre al presidente salvadoreño Nayib Bukele para pedirle alinearse con Washington en «prioridades compartidas» en la ONU, incluyendo la cuestión cubana.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla había acusado a Rubio de «presionar y chantajear» a líderes mundiales el martes pasado, mientras que el gobernante Miguel Díaz-Canel publicó el miércoles en redes sociales que el «frenético despliegue» de EE.UU. sobre líderes internacionales era «la mejor evidencia de lo solos y aislados que están ante el mundo en su política contra Cuba».
El embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, respondió el sábado en X que el evento invitaba a ex presos políticos y expertos en trabajo forzado y corrupción, y defendió el enfoque de Rubio en Cuba como «perfectamente saludable». Waltz también aludió a que el propio régimen había perseguido a la familia de Rubio.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, advirtió que apoyar la resolución cubana «retrasa la urgente necesidad de reformas políticas y económicas» en la isla, argumentando que La Habana usa el voto anual «para convencerse a sí misma de que no necesita cambiar».
El respaldo internacional a la resolución ha caído de forma sostenida: obtuvo 187 votos a favor en 2024, descendió a 165 en octubre de 2025 —el nivel más bajo en más de una década— y apenas alcanzó 136 votos en la sesión extraordinaria de julio de 2026.
Más de 554 activistas y organizaciones cubanas —entre ellos José Daniel Ferrer, Orlando Gutiérrez Boronat y Jorge Luis García Pérez «Antúnez»— publicaron una carta pidiendo a gobiernos democráticos votar en contra o abstenerse el 28 de octubre, con el argumento de que respaldar la resolución beneficia al régimen y no al pueblo cubano. La iniciativa superó las 1,000 adhesiones totales.
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