
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla respondió este lunes con dureza a la orden estatal de arresto emitida en Florida contra Raúl Castro, calificando de «parásitos» a los políticos cubanoamericanos del sur de ese estado y tachando la medida de «maniobra estéril».
En un mensaje publicado en X, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano afirmó: «Son reflejo de la podredumbre política y el colapso moral con que un grupo de parásitos engaña y estafa a sus seguidores para que sigan contribuyendo con colectas y financiamiento. Así se sostiene la maquinaria agresiva de la que tantos han vivido durante décadas, aprovechando la corrupción del sistema político estadounidense».
La reacción de Rodríguez Parrilla llegó horas después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciara públicamente la orden en una conferencia de prensa celebrada en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, con la presencia del gobernador Ron DeSantis.
La orden fue firmada el 16 de octubre por la jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, sin derecho a fianza, por un cargo estatal de conspiración para cometer asesinato en primer grado.
El caso se origina en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, en el que murieron cuatro hombres: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
La respuesta del régimen fue coordinada. Miguel Díaz-Canel calificó la acción de «un patético circo miamense con trasfondo electoral» que «no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico», mientras que el viceministro de Exteriores Carlos Fernández de Cossío la denominó «maniobra con disfraz legal».
Uno de los aspectos más relevantes de la acusación estatal es su blindaje frente a posibles indultos presidenciales. Uthmeier lo subrayó sin ambigüedades: «Si un simpatizante comunista llegara de vuelta a la Casa Blanca, no puede perdonar, no puede conmutar, no puede inmunizar a estos dictadores de nuestros procedimientos estatales».
El fiscal también advirtió que Castro no podría desplazarse a ningún país con acuerdos de extradición con Estados Unidos sin riesgo de ser detenido, «ni siquiera para recibir tratamiento médico».
Esta acción estatal es independiente de la acusación federal presentada el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia, que imputó a Castro y a cinco exmilitares cubanos con siete cargos federales, entre ellos conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y asesinato individual.
El patrón de respuesta del régimen ante esta nueva acción replica el utilizado en mayo pasado, cuando el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó «farsa» a los cargos federales, el Consejo de Estado emitió condenas formales y se convocó una movilización frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
La Fiscalía de Florida dejó abierta la posibilidad de nuevas consecuencias legales: «el caso permanece activo y podrían presentarse cargos adicionales», según el comunicado oficial emitido este lunes.
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