La Fiscalía General de Florida advirtió este lunes que podrían presentarse nuevos cargos en la investigación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales y en el que murieron cuatro hombres.
La advertencia aparece en el comunicado oficial publicado por el fiscal general James Uthmeier, que anuncia una orden estatal de arresto contra el dictador Raúl Castro Ruz por un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado.
«El caso continúa activo y podrían presentarse cargos adicionales», señala la Fiscalía al final de su comunicación.
Por ahora, la orden de arresto incluye un cargo estatal de conspiración para cometer asesinato en primer grado, conforme a las secciones 777.04(3) y 782.04(1)(a)1 de los Estatutos de Florida.
La Fiscalía precisó que la infracción está clasificada como delito grave de primer grado y que el tribunal dispuso que la orden fuera emitida sin derecho a fianza.
El documento fue firmado por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida.
Uthmeier presentó públicamente la actuación judicial este lunes, durante una conferencia de prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
Según informó Local 10, el fiscal general fue categórico al referirse al ataque de 1996: «Lo que ocurrió no fue un accidente, fue un asesinato», afirmó.
Las víctimas fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., quienes viajaban en dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate, una organización fundada en Miami en 1991 para localizar y auxiliar a migrantes cubanos en peligro en el mar.
De la Peña tenía 24 años; Costa y Morales, 29; y Alejandre, 45, cuando fueron derribadas las avionetas.
En su declaración oficial, Uthmeier acusó directamente a Raúl Castro de haber ordenado el ataque.
«Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos, y Florida nunca dejará de exigir responsabilidades por esa conspiración comunista», sostuvo el fiscal general, según una traducción al español de sus palabras.
El funcionario afirmó, además, que agentes de inteligencia cubanos operaron en comunidades de Florida, enviaron información a La Habana y ayudaron a situar a los pilotos civiles en el punto de mira de los cazas MiG.
«Treinta años después, seguimos luchando por justicia para Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.», añadió.
La nueva actuación judicial es resultado de una investigación que Uthmeier ordenó reabrir tras asumir el cargo en 2025 y que involucra a la Oficina de Procesamiento Estatal (OSP) y al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).
La reactivación del expediente fue anunciada públicamente en marzo de 2026, cuando el fiscal explicó que las autoridades retomarían las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales por el derribo de las avionetas.
Según la declaración jurada descrita por la Fiscalía, Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y primer vicepresidente de Cuba, habría sido uno de los responsables de la decisión final dentro de la cadena de mando que autorizó el derribo.
Las autoridades le atribuyen instrucciones previas a altos mandos militares para que las aeronaves fueran derribadas en el mar sin necesidad de realizar consultas adicionales.
La declaración jurada también señala que agentes de la Dirección de Inteligencia cubana, integrantes de la denominada Red Avispa, operaron en los condados de Miami-Dade y Monroe.
Según la Fiscalía, los agentes se infiltraron en Hermanos al Rescate, recopilaron y transmitieron información sobre sus planes de vuelo y apoyaron la denominada Operación Escorpión, vinculada con la preparación del ataque.
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas civiles Cessna, desarmadas, despegaron del aeropuerto de Opa-locka, en Miami-Dade.
Después de cruzar hacia el sur el paralelo 24, en una zona fuera de las aguas territoriales cubanas, dos de las aeronaves fueron destruidas por aviones militares MiG mediante misiles aire-aire.
Los cuatro ocupantes de las dos avionetas alcanzadas murieron.
El comunicado estatal sostiene que ambas aeronaves se alejaban de Cuba y que no recibieron advertencias antes del derribo, pese a haber mantenido contacto con el control de tráfico aéreo de La Habana.
Uno de los elementos centrales del procedimiento estatal es la presunta participación de agentes de inteligencia desde territorio de Florida.
De acuerdo con la Fiscalía, la declaración jurada identifica actividades relacionadas con la recopilación y transmisión de información sobre los vuelos, así como directivas de inteligencia, que tuvieron lugar en el Undécimo Circuito Judicial, correspondiente a Miami-Dade, y el Decimosexto Circuito Judicial, correspondiente a Monroe.
La Oficina de Procesamiento Estatal asumirá la jurisdicción sobre la presunta conspiración criminal organizada que abarcó ambos circuitos judiciales.
Michael Stein, agente especial a cargo del FDLE, destacó que el organismo asumió el papel principal en la investigación y que el paso de los años no disminuye su compromiso con el esclarecimiento del caso.
«El transcurso del tiempo no disminuye la búsqueda de justicia», expresó Stein en el comunicado oficial.
La nueva orden estatal se produce cinco meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una acusación federal ampliada contra Raúl Castro y otros cinco acusados por su presunta participación en los mismos hechos.
El 20 de mayo de 2026, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida informó sobre siete cargos: uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro por asesinato.
Entre los acusados en ese procedimiento federal figuran, además de Castro, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
La acusación federal identifica a cuatro víctimas, tres de las cuales eran ciudadanos estadounidenses. Pablo Morales tenía residencia legal en Estados Unidos.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones respaldó la actuación anunciada este lunes por Florida y defendió la posibilidad de desarrollar procedimientos estatales y federales paralelos.
«Nuestra histórica acusación federal sentó las bases, y James y su equipo han dado ahora el importante paso de presentar cargos bajo las leyes de Florida», declaró Reding.
El funcionario señaló que las autoridades federales continuarán utilizando las vías legales disponibles para intentar exigir responsabilidades por el derribo de las aeronaves.
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, también participó en el anuncio y recordó el sufrimiento de las familias de las víctimas durante las últimas tres décadas.
«Durante treinta años, sus familias y nuestra comunidad cubanoamericana han cargado con esta profunda pérdida y se han negado a permitir que la búsqueda de justicia se desvanezca», afirmó.
Cordero-Stutz consideró que la orden estatal representa un paso importante en los esfuerzos para exigir responsabilidades por la muerte de los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate.
Este lunes se conoció la firma de la orden de arresto contra Raúl Castro por una jueza de Miami, en una actuación independiente del proceso federal.
También se informó de que Florida buscaría su extradición si fuera detenido fuera del estado, conforme a las disposiciones del procedimiento judicial.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.