José Luis Fernández Torres, encarcelado por ser el presunto responsable de un homicidio asociado, sin confirmación oficial, a canibalismo, habría muerto mientras cumplía prisión preventiva por el crimen del jubilado Ángel Luis Mercantety Quiñones, según informó este domingo el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada con base en testimonios de familiares de la víctima y fuentes hospitalarias.
Las autoridades cubanas no han confirmado oficialmente el fallecimiento, y tampoco se conocen la fecha exacta del deceso, el centro hospitalario donde habría ocurrido ni las causas médicas de este.
Una fuente familiar describió el deterioro que habría sufrido el acusado durante su encarcelamiento: «Se fue desgastando en prisión. Dicen que murió como una calavera, con algo en el estómago», indicó el periodista.
La noticia llega poco más de un año después del macabro crimen que estremeció a Santiago de Cuba en agosto de 2025, cuando fueron hallados restos desmembrados de Mercantety Quiñones en el reparto Abel Santamaría, conocido popularmente como El Salao.
Según la confesión del propio Fernández Torres —de 60 años, originario de Holguín y trabajador del sector de Educación en Santiago de Cuba—, el crimen ocurrió el 21 de agosto de 2025 en su vivienda, cuando él y la víctima compartían tragos de ron y una discusión por deudas derivó en violencia: golpeó al anciano con un tubo de metal hasta causarle la muerte, luego desmembró el cadáver; ocultó partes en dos refrigeradores y arrojó manos y pies a un arroyo cercano.
El 26 de agosto de 2025, trabajadores de la Empresa de Comunales encontraron la cabeza de Mercantety Quiñones en un contenedor de basura frente a una TRD en Abel Santamaría, en avanzado estado de descomposición; al día siguiente fueron hallados más restos en el apartamento del acusado y Fernández Torres fue detenido.
Durante el registro de la vivienda, según trascendió, los investigadores encontraron espeluznantes evidencias: una jarra con grasa humana, dos pomos con carne frita y una bolsa con costillas enterrada en el patio, hallazgos que alimentaron sospechas de canibalismo que nunca fueron confirmadas oficialmente por las autoridades.
En septiembre de 2025, un inusual operativo policial en el edificio del acusado reavivó los temores de que pudiera haber víctimas adicionales; el investigador Julio César González Pagés advirtió entonces que «se teme que otros vecinos desaparecidos pudieran aumentar la lista de víctimas», mencionando la posible desaparición de un hombre conocido como «Cuquito», cuestión que tampoco fue confirmada.
La reacción de los allegados de la víctima ante la noticia de la muerte del acusado mezcla alivio y una profunda sensación de justicia incompleta. Lo que más indigna a los allegados de Mercantety Quiñones es el silencio institucional: según denuncian, ninguna autoridad les comunicó si llegó a celebrarse un juicio contra Fernández Torres, ni les notificó su fallecimiento.
El caso se enmarca en un contexto de grave deterioro del sistema penitenciario cubano. Según datos de Cubalex sobre muertes bajo custodia entre 2024 y 2026, la organización documentó 115 muertes en establecimientos penitenciarios entre febrero de 2024 y junio de 2026, de las cuales aproximadamente 80 estuvieron vinculadas a negligencia o negación de atención médica, 21 a desnutrición severa y 12 a tuberculosis.
Como señaló Mayeta Labrada al cerrar su reporte: «Morir en una prisión no sustituye la obligación de esclarecer un crimen ni el derecho de sus víctimas a conocer toda la verdad».
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