Una cubana que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2015 perdió su naturalización después de que un tribunal federal de Florida determinara que había ocultado su participación en una conspiración de lavado de dinero cuando solicitó convertirse en ciudadana de Estados Unidos.
Se trata de Milagros Marileisis Acosta Torres, cuya ciudadanía fue revocada el pasado 14 de octubre por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en un comunicado publicado el miércoles.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida difundió el caso este jueves en X y explicó que la mujer había mentido durante su entrevista de naturalización al negar que hubiera cometido delitos por los que no había sido arrestada.
Las autoridades federales señalaron que, antes de convertirse en ciudadana estadounidense, Acosta estuvo involucrada en una conspiración para defraudar a un casino tribal de Florida mediante una operación que permitió sustraer millones de dólares.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, su esposo y varios cómplices robaron dinero del establecimiento mediante la creación de comprobantes de crédito falsos.
Acosta participó posteriormente en diversas transacciones financieras destinadas a ocultar el origen fraudulento del dinero y evitar los requisitos de declaración de operaciones establecidos por las leyes federales y estatales.
El problema para su ciudadanía surgió por las respuestas que ofreció durante el proceso de naturalización de 2015.
En su solicitud y durante la entrevista con las autoridades migratorias, la cubana aseguró que nunca había cometido un delito o infracción por el que no hubiera sido arrestada.
Sin embargo, esa respuesta era falsa, según el Departamento de Justicia, porque para entonces ya había participado en una conspiración para cometer lavado de dinero.
Las autoridades sostuvieron que ocultar esa conducta delictiva impidió que se evaluara correctamente su elegibilidad para recibir la ciudadanía estadounidense.
Los hechos terminaron además en un proceso penal. En 2020, Acosta fue condenada por un tribunal federal del sur de Florida a seis meses de prisión y al pago de casi 150,000 dólares en concepto de restitución.
Años después de aquella condena, el Gobierno federal emprendió acciones para retirarle la ciudadanía que había conseguido antes de que se resolviera su caso penal.
El Departamento de Justicia presentó la demanda de desnaturalización el 8 de junio de 2026.
El 13 de octubre, las partes presentaron conjuntamente una solicitud para que el tribunal dictara una sentencia consentida de revocación de la naturalización. Al día siguiente, el juez emitió la resolución que anuló su ciudadanía estadounidense.
De esta manera, el proceso pasó de una demanda del Gobierno a una decisión judicial efectiva. No se trata únicamente de una solicitud para quitarle la ciudadanía, sino de una revocación ya ordenada por el tribunal.
El Departamento de Justicia no informó en su comunicado que Acosta hubiera sido detenida nuevamente o deportada a Cuba tras la sentencia.
La pérdida de la ciudadanía estadounidense y una eventual deportación son procedimientos diferentes. La revocación de la naturalización puede dar lugar a nuevas actuaciones migratorias, pero no significa automáticamente que la persona haya sido expulsada del país.
El caso fue anunciado junto con el de Vivian Chike Obichere, una mujer originaria de Nigeria cuya ciudadanía también fue revocada por ocultar información durante su proceso de naturalización.
Ambas decisiones fueron presentadas por la administración de Donald Trump como parte de su política de intensificar los procesos judiciales contra personas que consiguieron la ciudadanía estadounidense mediante declaraciones falsas u ocultamiento de actividades delictivas.
«Conseguir la desnaturalización es el paso final para retirar la ciudadanía a quienes ocultan delitos o defraudan al pueblo estadounidense», afirmó Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia.
El funcionario sostuvo que la administración continuará su campaña de desnaturalización para proteger, según expresó, el valor de la ciudadanía estadounidense.
La legislación federal permite retirar una naturalización cuando un tribunal determina que fue obtenida ilegalmente, mediante el ocultamiento de información relevante o declaraciones falsas deliberadas.
Sin embargo, cometer un delito después de naturalizarse no implica, por sí solo, la pérdida automática de la ciudadanía.
En estos procedimientos resulta fundamental establecer si la persona era elegible cuando obtuvo la naturalización y si ocultó información que podía afectar esa decisión.
El caso de Acosta ya había sido identificado públicamente meses antes. El pasado 8 de junio, el Departamento de Justicia anunció acciones para revocar la ciudadanía a 17 personas naturalizadas, entre ellas dos mujeres de origen cubano.
Una de ellas era Acosta. La otra, Leidys Delmas García, había sido condenada por su participación en una trama de fraude sanitario en Florida que involucró a decenas de clínicas de fisioterapia y reclamaciones fraudulentas por millones de dólares.
En marzo de este mismo año, otro tribunal federal de Florida revocó la ciudadanía de Mirelys Cabrera Díaz, una cubana residente en Hialeah condenada por un fraude millonario al programa Medicare.
Cabrera había obtenido la ciudadanía en 2017, aunque previamente había participado en actividades delictivas que, según la resolución judicial, impedían que cumpliera los requisitos para naturalizarse.
Más recientemente, el 5 de octubre, el Departamento de Justicia informó que había presentado demandas para revocar la ciudadanía a otras 40 personas naturalizadas, entre ellas dos cubanos.
Las acciones judiciales fueron presentadas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre e incluían a Javier Marrero Pando y Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, cuyos expedientes estaban relacionados con delitos que, según las autoridades, no habían sido revelados adecuadamente durante sus procesos migratorios.
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