La revista oficialista cubana Juventud Técnica arremetió contra la posibilidad de ofrecer consultas médicas privadas en Cuba y reclamó una actuación más estricta de las autoridades a raíz de la polémica generada por Dalia Spa, un negocio de estética de Camagüey que promocionó servicios de salud con tarifas en dólares.
En un artículo publicado bajo el título «¿Dólares para los dolores?», la redacción del medio oficialista cuestionó que la atención médica pueda convertirse en una actividad lucrativa, defendió el monopolio estatal sobre los servicios sanitarios y pidió fiscalizar tanto a los negocios privados como a las instituciones encargadas de autorizarlos.
«Como si un dolor se aliviara efectivamente con dólares», señaló la publicación, en una crítica dirigida a quienes consideran que la atención médica privada podría representar una alternativa ante las dificultades del sistema de salud cubano.
El texto parte del caso de Dalia Spa, un establecimiento de Camagüey que publicó en redes sociales un video promocional de consultas de medicina interna, cardiología, ginecobstetricia, dermatología e imagenología, actividades que se añadían a sus servicios habituales de estética.
La revista recordó que la publicidad invitaba a los interesados a escribir la palabra «MEDICINA» para recibir por mensaje privado información sobre los precios y servicios disponibles.
También aseguró que conservó una captura de pantalla del anuncio porque las publicaciones fueron retiradas posteriormente.
Sin embargo, no está comprobado que Dalia Spa haya realizado las consultas o procedimientos médicos anunciados, ni que haya cobrado por ellos.
Lo documentado es la difusión del catálogo y la posterior explicación del establecimiento de que se trataba de una prueba publicitaria.
La publicación oficialista reconoció el deterioro de la atención sanitaria en Cuba, así como la disminución de profesionales, recursos y medicamentos en hospitales y policlínicos, pero rechazó que esas carencias justifiquen la apertura de servicios médicos privados.
Según el artículo, algunas personas comienzan a defender la privatización como una alternativa a los problemas existentes en las instituciones estatales.
La revista cuestionó ese planteamiento y sostuvo que el acceso gratuito y universal a la salud constituye una conquista que no debe ponerse en riesgo mediante servicios condicionados a la capacidad económica de los pacientes.
Su crítica también alcanzó las consultas particulares que, según el propio medio, ya se realizan de manera informal en Cuba mediante pagos en dinero o bienes.
Juventud Técnica reconoció que existen prácticas de atención médica remunerada dentro de las propias instituciones estatales, utilizando recursos públicos e incluso durante el horario laboral de profesionales que reciben un salario del Estado.
La publicación describió esas situaciones como indicios de corrupción y cuestionó que se utilicen instalaciones y equipos destinados a la atención pública para obtener beneficios económicos particulares.
El reconocimiento resulta significativo porque el artículo no se limita a criticar la publicidad de Dalia Spa, sino que admite la existencia de un mercado informal de servicios médicos dentro del sistema sanitario estatal.
No obstante, el medio centró su propuesta en impedir la expansión de la medicina privada y reforzar la vigilancia sobre las actividades que desarrollan los negocios no estatales.
Para justificar esa posición, citó el artículo 72 de la Constitución cubana, que establece la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud.
También hizo referencia a la Ley 165 de Salud Pública, de 2023, que ratifica el carácter público y gratuito de los servicios sanitarios organizados por el Estado.
El argumento legal se completó con el Decreto 160/2026, que incluye entre las actividades no autorizadas a los actores económicos no estatales los servicios técnicos y profesionales de atención médica y social, incluidos los odontológicos, aunque la normativa contempla excepciones específicas sujetas a autorización.
Para la revista, esas disposiciones impiden que negocios privados ofrezcan libremente consultas médicas y otros procedimientos reservados al Sistema Nacional de Salud.
El artículo calificó las prácticas denunciadas como contrarias a la Constitución y a la legislación vigente, y reclamó medidas contra quienes incumplan las restricciones.
La publicación pidió mayor supervisión de las autoridades que conceden licencias a los negocios privados, con el propósito de comprobar que desarrollen únicamente las actividades autorizadas.
También dirigió sus cuestionamientos a las instituciones aduanales y comerciales responsables de permitir la entrada de equipos médicos profesionales en Cuba.
Según el medio, esas entidades deberían dar seguimiento al destino declarado de los equipos y verificar que no terminen utilizándose en actividades no autorizadas.
Asimismo, reclamó que los organismos judiciales y fiscalizadores se pronuncien sin demora ante casos relacionados con la promoción o prestación de servicios médicos privados.
La revista respaldó el pronunciamiento de la Dirección General de Salud de Camagüey, que había advertido sobre las consecuencias legales de ejercer la medicina privada sin autorización.
La institución sanitaria anunció que actuaría con el rigor previsto en la legislación e instó a la población a denunciar ofertas que considerara fraudulentas o intentos de obtener beneficios económicos mediante servicios médicos prohibidos.
En su reflexión final, Juventud Técnica rechazó un escenario en el que los pacientes deban endeudarse o depender de sus recursos económicos para recibir tratamiento, y defendió la continuidad del modelo de atención sanitaria estatal.
La polémica, sin embargo, surgió en un contexto en el que numerosos cubanos enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, pruebas diagnósticas y tratamientos dentro de las instituciones públicas.
El caso de Dalia Spa había trascendido a principios de octubre, cuando se conoció que el establecimiento promocionaba consultas médicas desde 30 dólares y chequeos de laboratorio de hasta 105 dólares.
La oferta incluía consultas iniciales de medicina interna y cardiología por 30 dólares, seguimientos por 15 dólares, diferentes modalidades de ultrasonido y procedimientos ginecológicos.
Entre las tarifas anunciadas aparecían una citología cervical por 80 dólares y un chequeo integral de laboratorio por 105 dólares, cantidades especialmente elevadas frente a los ingresos habituales de los trabajadores estatales cubanos.
La publicidad fue examinada inicialmente por CubaNet, que obtuvo declaraciones relacionadas con las supuestas prestaciones y posteriormente contactó al establecimiento.
Ante la consulta periodística, Dalia Spa aseguró que el anuncio había sido «una prueba» y que los servicios médicos no estaban disponibles.
La polémica provocó una respuesta institucional. El 8 de octubre, la Dirección General de Salud de Camagüey recordó que el ejercicio privado de la medicina continúa prohibido en Cuba y advirtió sobre posibles actuaciones legales contra quienes intenten prestar o promocionar esos servicios al margen de la normativa.
Las autoridades provinciales afirmaron que no permitirían la utilización de prácticas lucrativas no autorizadas en el ámbito de la atención sanitaria y pidieron denunciar ese tipo de ofertas.
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