La Dirección General de Salud de Camagüey advirtió este jueves que el ejercicio privado de la medicina continúa prohibido en Cuba y anunció que las autoridades sanitarias y judiciales actuarán contra quienes ofrezcan o promocionen servicios médicos con fines de lucro.
El pronunciamiento fue publicado en una nota informativa difundida en Facebook, después de la polémica generada por publicaciones en redes sociales en las que aparecían servicios médicos privados con tarifas en dólares.
«Debemos ser categóricos: en nuestro país no está permitido el ejercicio de la medicina privada bajo ningún concepto ni modalidad de cobro», señaló la institución.
Las autoridades aseguraron que «no existe base legal alguna» para desarrollar esa actividad y afirmaron que se encuentra expresamente prohibida por el Decreto 160 de 2026.
El comunicado elevó además el tono al advertir sobre posibles consecuencias legales para quienes intenten prestar o promocionar esos servicios.
«Cualquier persona, ya sea profesional de la salud o particular, que intente ejercer o promocionar estas actividades, incurre en una actividad ilícita y, por ende, en un delito», afirmó la Dirección General de Salud.
La institución agregó que «las autoridades sanitarias y judiciales de la provincia actuarán con todo el rigor que la ley establece» contra quienes incumplan la normativa.
En su comunicado, la Dirección General de Salud de Camagüey defendió el modelo estatal y sostuvo que «la salud pública es un derecho del pueblo y un deber del Estado».
«No permitiremos que intereses individuales o prácticas lucrativas al margen de la ley dañen el sistema de salud que hemos construido y que pertenece a todos los cubanos», añadió.
Las autoridades también instaron a la población a denunciar cualquier intento de lucro con servicios médicos y calificaron estas ofertas como potencialmente fraudulentas.
El pronunciamiento llega después de que trascendiera el caso de Dalia Spa, un negocio privado de Camagüey que difundió un catálogo en el que aparecían consultas de medicina interna y cardiología por 30 dólares, además de exámenes, procedimientos ginecológicos y un chequeo integral de laboratorio por 105 dólares.
El establecimiento aseguró posteriormente que el anuncio había sido una «prueba» y que los servicios no estaban disponibles.
El catálogo incluía, entre otros servicios, consultas iniciales de medicina interna y cardiología a 30 dólares, interconsultas y seguimientos a 15 dólares, ultrasonidos con tarifas de entre 25 y 45 dólares, inserción y extracción de dispositivos intrauterinos y una citología cervical por 80 dólares.
Sin embargo, no se ha comprobado que el establecimiento llegara a realizar esas consultas, análisis o procedimientos ni que hubiera cobrado las cantidades anunciadas.
Lo documentado hasta ahora es la existencia de la publicidad y la posterior respuesta del negocio asegurando que los servicios «no están disponibles».
La legislación vigente mantiene reservadas al Estado las actividades profesionales de atención médica.
El Decreto 160/2026, vigente desde el 4 de agosto, incluye entre las actividades no autorizadas a los actores económicos no estatales los servicios técnicos y profesionales de atención médica y social, incluidos los odontológicos, aunque contempla excepciones específicas para determinadas actividades bajo autorización.
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