Jackie Espinosa, alcaldesa de Kissimmee, ciudad del condado de Osceola, Florida, fue arrestada por cargos de hurto mayor y esquema organizado para defraudar, luego de que las autoridades estatales determinaran que desvió fondos de un programa de ayudas COVID hacia negocios vinculados a su familia.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el director de Finanzas del estado, Blaise Ingoglia, anunciaron los cargos en una conferencia de prensa en Orlando, junto al comisionado del Departamento de Investigaciones de Florida (FDLE), Larry Keefe.
Según el comunicado oficial, una auditoría rutinaria del Departamento de Servicios Financieros detectó que Espinosa habría usado su cargo para influir en la concesión de subvenciones del programa Business Boost 2.0, diseñado con fondos federales para ayudar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.
Siete negocios ubicados en propiedades de su familia recibieron un total de 90,000 dólares: 50,000 fueron a parar directamente a empresas de la propia alcaldesa y 40,000 a inquilinos de sus edificios.
Las autoridades señalan además que Espinosa presentó tres solicitudes el mismo día en que el programa abrió sus puertas, en septiembre de 2025, pese a haber sido advertida de que su participación estaba prohibida.
«Los funcionarios públicos no pueden redactar las reglas y luego extenderse un cheque», declaró Uthmeier. «La alcaldesa usó su posición para impulsar un programa de subvenciones COVID y luego tomó 50,000 dólares de él para los negocios de su familia, después de ser advertida de que estaba prohibido. Los contribuyentes de Florida financiaron ese dinero para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse, no para enriquecer a la alcaldesa que lo controlaba».
Ingoglia fue igualmente contundente: «El servicio público tiene ese nombre por una razón, no es servicio propio. Jackie Espinosa abusó de esa confianza y cobró a expensas de los contribuyentes».
Los cargos formales son hurto mayor —delito grave de segundo grado por una cantidad de entre 20,000 y 100,000 dólares— y esquema para defraudar por 50,000 dólares o más, delito grave de primer grado. De ser condenada, Espinosa podría enfrentar hasta 30 años de prisión. Según los registros de la cárcel del condado de Osceola, fue detenida sin fianza.
La defensa rechazó los cargos de forma categórica. La abogada Migdalia Pérez sostuvo que «este caso involucra un programa de subvenciones aprobado públicamente y administrado por el personal municipal, no un esquema secreto para robar dinero de los contribuyentes», y afirmó que la Fiscalía no podrá probar intención criminal.
«Existe una diferencia fundamental entre una presunta infracción ética y un delito penal», agregó Pérez, quien anunció que impugnará los cargos en los tribunales.
El arresto es el punto más grave de una larga cadena de problemas legales para Espinosa, elegida alcaldesa en noviembre de 2024. En agosto pasado, la Comisión Municipal de Kissimmee bloqueó su juicio político con un empate de dos votos a favor y dos en contra. Semanas después, la Comisión de Ética de Florida la censuró y recomendó una multa de 2,000 dólares.
Jackie Espinosa, de 58 años, es una política e inversionista inmobiliaria de origen puertorriqueño nacida en Nueva Jersey. Según la base de datos Ballotready, se graduó en Estudios Legales en 1989 y tras obtener licencias en gestión de bienes raíces e hipotecas, fundó varias firmas en la ciudad.
Su caso tiene especial resonancia en Kissimmee, ciudad con una población de unos 85,000 habitantes donde aproximadamente el 68 % son hispanos, incluyendo miles de dueños de pequeños negocios que solicitaron estas mismas ayudas durante la pandemia. El condado de Osceola alberga además unos 16,900 residentes de origen cubano.
Al cierre de esta edición, el gobernador Ron DeSantis no había emitido una orden de suspensión. Si lo hace, la vicealcaldesa Angela Eady asumiría el cargo de forma interina hasta que se resuelva el proceso judicial o concluya el mandato de Espinosa, en noviembre de 2028.
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