El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció públicamente que no puede garantizar que el combustible exportado legalmente al sector privado cubano quede fuera del alcance del régimen, según una declaración recogida por el periodista David Adams en The New York Times en el contexto de las incautaciones anunciadas el 7 de octubre.
El portavoz de la agencia admitió textualmente: «No podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen, pero seguiremos reprimiendo sus esfuerzos por evadir las sanciones, apuntando a cualquier empresa que suministre al régimen a sabiendas».
La declaración se produjo días después de que autoridades federales en Florida y Texas incautaran más de 620,000 galones de biodiésel valorados en cerca de 2.8 millones de dólares, destinados a ENETEC S.A., empresa estatal cubana sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros en julio.
De los 90 cargamentos interceptados, 71 —con unos 496,000 galones— fueron retenidos en Port Everglades, en Fort Lauderdale, y otros 19 —con cerca de 119,000 galones— en el Puerto de Houston.
El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, José R. Figueroa, calificó los envíos como «un esfuerzo deliberado y coordinado para abastecer» a la empresa sancionada, aunque se negó a identificar a los exportadores y no anunció cargos criminales, dejando la investigación abierta.
Al mismo tiempo que reconoció el riesgo de desvío, el Departamento de Estado defendió su política con un argumento que contrasta con la realidad documentada en la isla: afirmó que Washington ha «roto el monopolio del régimen cubano sobre el combustible» y que la administración Trump ha impulsado «la mayor privatización de la historia de la economía cubana», de acuerdo con The New York Times.
Sin embargo, investigaciones periodísticas de ADN Cuba confirmaron que Cimex —corporación del conglomerado militar GAESA, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros— compra combustible a al menos 16 mipymes y lo revende en su red de servicentros, además de abastecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Una factura del 21 de septiembre de Cimex-Mariel a un servicentro Oro Negro por más de 23,000 litros de gasolina fue uno de los documentos que evidenció ese vínculo.
El desvío alcanzó al propio aparato represivo: según una investigación de 14ymedio, una gasolinera a una cuadra de Villa Marista —sede de la Seguridad del Estado— abastecía en septiembre a brigadas «boinas negras» del Ministerio del Interior, motos Suzuki de la Seguridad del Estado y vehículos de la empresa estatal Sepsa.
La abundancia relativa del producto en la isla quedó reflejada en los precios: el economista cubano Omar Everleny Pérez señaló en septiembre que el litro de combustible había bajado de cinco a 2,50 dólares, una caída que contrasta con la escasez que sufre la población.
De enero a agosto de 2026, las importaciones de derivados del petróleo desde Estados Unidos hacia Cuba ascendieron a 231,74 millones de dólares, una cifra sin precedentes en toda la historia comercial entre ambos países.
Michael Bustamante, experto en Cuba de la Universidad de Miami, advirtió que ese masivo flujo de importaciones privadas socava la presión que Washington busca ejercer sobre el régimen: «La creatividad y el ingenio son la moneda del reino cubano», dijo, apuntando a la capacidad del régimen para sortear las restricciones.
Las investigaciones sobre quién está detrás de los envíos ilegales continúan abiertas, y las operaciones de interdicción marítima siguen activas: la Guardia Costera interceptó durante el verano un buque con aproximadamente 220,000 galones de diésel con destino a Cuba, y a comienzos de octubre retuvo otra embarcación con combustible oculto en tanques de lastre.
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