Una gasolinera de CUPET ubicada a una cuadra de Villa Marista —sede de la Seguridad del Estado del ministerio del Interior en La Habana— surte de carburante a vehículos del aparato represivo del régimen, incluyendo unidades de la estatal Sepsa, camiones de las brigadas especiales conocidas como «boinas negras» y motos Suzuki de agentes de la Seguridad del Estado, según una investigación de 14ymedio.
Lo que hace el hallazgo especialmente grave es el origen del combustible: según el reportaje del medio independiente cubano, el carburante que despacha ese servicentro procede de importaciones realizadas desde Estados Unidos, en flagrante violación de la normativa estadounidense, que prohíbe expresamente que la gasolina llegue al Estado cubano, sus fuerzas armadas o su aparato represivo.
La administración Trump autorizó en febrero de 2026 la exportación de combustible a Cuba bajo la excepción «Support for the Cuban People», pero con condiciones estrictas: el carburante solo puede venderse a entidades privadas cubanas y no puede pasar por GAESA, CUPET ni el gobierno, ni destinarse a estructuras estatales o represivas.
En junio, Washington fue más lejos y sancionó a CUPET —la petrolera estatal cubana— incluyéndola en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que bloquea sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe cualquier transacción con ella.
Pese a esas restricciones, el flujo de combustible desde EE.UU. no ha dejado de crecer: las empresas cubanas adquirieron derivados del petróleo por valor de 156,8 millones de dólares entre enero y julio de 2026, de los cuales más de 61 millones correspondieron solo al mes de julio.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó ante la Asamblea Nacional que más de un centenar de empresas privadas habían recibido permiso para comercializar combustible de forma mayorista, y que ya se había autorizado «el primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible».
La consultora Auge advirtió en marzo que importar un isotanque completo de 25,000 litros cuesta alrededor de 50,000 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los pequeños negocios privados cubanos, lo que alimenta las sospechas de que es el propio régimen quien financia esas compras a través de mipymes interpuestas.
Un vecino de la zona que alertó a 14ymedio describió el trasiego diario frente al servicentro: «Por ahí todos los días pasan cientos de vehículos de todo tipo, desde guaguas para transporte personal (desde y hacia su Ministerio del Interior, ubicado en la Plaza José Martí), camiones de volteo, autos con chapa M, B, y P, centenares de motos Suzuki con sus respectivos matones».
El mismo denunciante señaló la contradicción que indigna a la población: «Me pregunto cómo es posible que se burlen así de las sanciones al régimen. El aparato represivo está activo al 100%, eso ha pasado durante más de 66 años».
El escándalo se produce en medio de un colapso energético sin precedentes. Cuba lleva más de cinco meses sin recibir un tanquero de combustible —el segundo y último del año llegó antes de abril—, los apagones han alcanzado déficits superiores a los 2,400 MW y los cortes llegan a 20 horas diarias en La Habana.
El régimen denuncia públicamente un «cerco energético», pero en la práctica puede comprar combustible en EE.UU.; lo que ya no puede recibir es el suministro subsidiado de Venezuela y México que sostuvo su economía durante décadas.
La ironía más cruda la resumió el propio vecino del servicentro: «Mi zona hace días, como tantas otras, que no tiene agua y no son capaces de enviar una pipa por falta de combustible. ¡Tamaña ironía! Para dar palos sí hay gasolina. Para beber y bañarse, no».
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