El abogado de inmigración Wilfredo «Willy» Allen lanzó este lunes un mensaje de esperanza a los cientos de miles de inmigrantes cubanos con formulario I-220A, asegurando que, pese a la incertidumbre, las demandas activas en las cortes federales abren una posibilidad real de resolución favorable.
«El túnel es grande y oscuro, pero con las demandas que hay, con las decisiones que están pendientes, yo veo una luz —no inmediata, pero sí una luz al final del túnel de los I-220A. Yo diría que con las Cortes Federales estamos más cerca que nunca», declaró Allen en una entrevista con la periodista Tania Costa.
El abogado respondía así a una solicitud de aliento de la audiencia, que describió el horizonte como «muy oscuro» tras meses de espera sin una resolución definitiva sobre su estatus migratorio en Estados Unidos.
El mensaje llega días después de que 69 cubanos fueran deportados a Bangui, capital de la República Centroafricana, en un vuelo que partió el 21 de octubre desde Alexandria, Luisiana. Varios de los expulsados aseguran haber tenido I-220A, permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes al momento de su deportación.
En ese contexto de angustia, Allen ha insistido en distinguir las distintas situaciones legales de quienes fueron deportados. Quienes acumulan antecedentes penales no tienen posibilidades de retorno; quienes recibieron una negativa final de asilo enfrentan un camino «casi posible, pero no imposible»; y quienes fueron expulsados sin haber tenido un juicio final de deportación —incluyendo casos con habeas corpus pendiente— son los que tienen «el mejor chance de poder regresar a través de las Cortes Federales».
El optimismo del abogado se apoya en el avance de la demanda colectiva Bello-Rubio v. Noem, presentada por cerca de un millar de cubanos con I-220A ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida. El litigio, que tramita la jueza Jacqueline Becerra, busca que el tribunal reconozca que la liberación mediante I-220A equivale jurídicamente a un parole, requisito indispensable para solicitar residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.
El 23 de octubre, los demandantes presentaron su oposición a la moción del Gobierno para cerrar el caso, que había sido radicada el 9 de ese mismo mes. El 30 de octubre vence el plazo para que la administración presente su réplica, aunque esa fecha no implica necesariamente una decisión judicial inmediata.
La disputa legal gira en torno a si el I-220A —una orden de liberación bajo reconocimiento propio emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)— puede equipararse al parole humanitario que exige la ley migratoria cubana. La administración Trump sostiene que no; los demandantes y sus abogados argumentan lo contrario. Se estima que entre 400,000 y 500,000 cubanos en Estados Unidos son titulares de ese documento, según datos citados por el propio Allen.
Jueces de inmigración en Orlando, Nueva Orleans y San Antonio han concedido residencias a cubanos con I-220A, pero el Gobierno ha apelado esas decisiones, dejándolas en suspenso desde julio de 2026, según reportes sobre el avance del caso.
Allen ya había advertido en septiembre que el camino de los I-220A sería largo. «Creo que vamos a ganar la guerra, pero es imposible decir cuánto tiempo más puede demorar». Este lunes, sin embargo, eligió subrayar el avance: «Estamos más cerca que nunca».
El caso de los cubanos con I-220A es solo uno de los muchos frentes migratorios que siguen abiertos en EE.UU. Mantente al tanto de todos los cambios y novedades en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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