El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles cargos contra 11 personas acusadas de operar una red de fraude matrimonial que durante una década facilitó la obtención ilegal de tarjetas de residencia permanente a cientos de ciudadanos chinos mediante bodas ficticias con estadounidenses.
Las autoridades califican el caso como uno de los mayores procesos por fraude matrimonial en la historia del país, con más de 1,000 matrimonios ficticios organizados desde Nueva York y ramificaciones en al menos ocho estados: Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, además de conexiones con China y Vanuatu.
El esquema operó durante aproximadamente una década, desde al menos 2016 hasta julio de 2026, y generó decenas de millones de dólares.
Los organizadores cobraban hasta $100,000 por cada tarjeta de residencia gestionada de forma fraudulenta, mientras que los ciudadanos estadounidenses reclutados para contraer las bodas falsas recibían pagos de hasta $30,000. Los reclutadores, por su parte, obtenían comisiones de hasta $5,000 por cada estadounidense incorporado al plan.
Para engañar a las autoridades migratorias, los acusados montaban sesiones fotográficas en restaurantes, abrían cuentas bancarias y telefónicas conjuntas, y fabricaban documentación migratoria —incluyendo pólizas de seguro y declaraciones de impuestos— con el fin de aparentar que las parejas convivían como matrimonios reales.
Los 11 acusados son Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Jing Yan Ye, Xiao Yan Chen, Gang Zheng, Anthony Cheng, Michelle Duenas, Angela Duenas, Sigrid Cetino y Erika Johnson.
Estas personas enfrentan cargos ante el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer fraude matrimonial e inmigratorio, con una pena máxima de cinco años, y por conspiración para facilitar la permanencia ilegal de extranjeros, con una pena máxima de diez años. Todos los acusados fueron arrestados y puestos a disposición de la corte federal para la lectura formal de cargos.
El fiscal general Todd Blanche fue contundente al describir la magnitud del esquema: «Este plan no fue una operación rápida y pasajera, sino una industria clandestina de años, de decenas de millones de dólares, para ayudar de forma delictiva a personas que, de otro modo, no se convertirían, o legalmente no podrían convertirse, en ciudadanos de Estados Unidos».
Blanche también advirtió sobre las consecuencias más amplias de este tipo de fraude: «Estos planes tienen un costo real. Le arrebatan a nuestro país la capacidad de saber quién debe y quién no debe ser admitido en Estados Unidos».
El caso se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, que desde 2025 ha intensificado los controles tanto sobre la inmigración legal como la no autorizada, incluyendo la exigencia de entrevistas presenciales obligatorias para green cards por matrimonio y una revisión activa de residencias ya otorgadas en busca de irregularidades.
No es la primera vez que redes de este tipo son desarticuladas en territorio estadounidense. En 2017, al menos 15 personas —en su mayoría cubanas— fueron condenadas en el sur de Florida por organizar matrimonios fraudulentos para obtener residencia permanente para extranjeros no cubanos, en una operación que involucró a cerca de cuarenta acusados.
El comunicado oficial del Departamento de Justicia señala que el caso fue investigado por un equipo especializado en crimen organizado transnacional, lo que subraya la dimensión de la red desmantelada.
Preguntas frecuentes sobre el fraude matrimonial para obtener "green cards" en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo operaba la red de fraude matrimonial desmantelada en EE.UU.?
La red organizaba matrimonios ficticios entre ciudadanos chinos y estadounidenses para obtener tarjetas de residencia permanente. Utilizaban sesiones fotográficas, cuentas bancarias conjuntas y documentación falsa para simular matrimonios reales. Los organizadores cobraban hasta $100,000 por cada "green card" gestionada de forma fraudulenta.
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¿Cuáles son las penas que enfrentan los acusados por fraude matrimonial?
Los 11 acusados enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude matrimonial e inmigratorio, con una pena máxima de cinco años de prisión, y por conspiración para facilitar la permanencia ilegal de extranjeros, con una pena máxima de diez años. Las penas pueden llegar hasta diez años de prisión dependiendo de los cargos específicos y el veredicto del juicio.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno de EE.UU. para combatir el fraude migratorio?
El gobierno ha intensificado los controles sobre la inmigración legal y no autorizada, incluyendo la exigencia de entrevistas presenciales obligatorias para "green cards" por matrimonio y la revisión activa de residencias ya otorgadas. Estas medidas forman parte del endurecimiento de la política migratoria implementado desde 2025.
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¿Qué impacto tienen estos fraudes en el sistema migratorio de EE.UU.?
Estos fraudes socavan la capacidad del país para controlar quién debe ser admitido en EE.UU. y afectan la integridad del sistema migratorio. Además, generan pérdidas económicas significativas y complican los procesos para quienes buscan inmigrar de manera legítima.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.