El Concejo Municipal de El Paso votó por unanimidad el martes para encargar la redacción de una resolución que pide el cierre de Camp East Montana, el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, ubicado en terrenos de la base militar Fort Bliss.
La votación fue de siete a cero y quedó registrada en el expediente municipal 26-1195 con resultado «Directed/Pass».
El administrador municipal y el abogado de la ciudad tienen 30 días para preparar el texto definitivo, que deberá regresar al Concejo para una votación posterior.
La medida no implica el cierre inmediato del centro: al tratarse de una instalación federal, una resolución municipal no tiene autoridad directa para clausurarla, pero los concejales señalaron que buscan presionar al Congreso para que utilice sus asignaciones presupuestarias y ponga fin a los contratos que financian su operación.
La iniciativa fue impulsada por los concejales Josh Acevedo y Lily Limón, quienes citaron presuntas violaciones de derechos básicos, negligencia médica, uso excesivo de la fuerza y falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos. «Tienen más de 1.000 millones de dólares en este centro.
Las decisiones que toman —no alimentar a las personas, no vestirlas adecuadamente, no darles artículos de higiene básicos— son elecciones con un presupuesto de más de 1.000 millones. Cuando guardamos silencio, somos cómplices», afirmó Acevedo.
El caso de Geraldo Lunas Campos y la situación en los centros de detención migratoria forman parte de un panorama más amplio. Sigue toda la actualidad sobre Inmigración en EE.UU. para mantenerte informado.
Durante el comentario público, la abogada Charlotte Weiss, del Texas Civil Rights Project, leyó el testimonio de un detenido: «La comida le provoca vómitos porque con frecuencia llega en mal estado y las personas no pueden tolerarla. Dice que es un esqueleto de la persona que era antes de la detención».
La concejala Limón citó a detenidos que describieron el lugar como «un cementerio de personas vivas». Tres personas han muerto en el centro desde que abrió el 1 de agosto de 2025.
El caso más emblemático es el del cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, cuya muerte fue clasificada como homicidio por la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso. Lunas Campos falleció el 3 de enero de 2026 tras ser inmovilizado por al menos cinco guardias; testigos declararon a Associated Press que uno de ellos aplicó presión alrededor de su cuello mientras él repetía que no podía respirar.
ICE había descrito el episodio como una intervención para evitar un supuesto intento de suicidio, versión contradicha por el dictamen forense, que determinó asfixia por compresión del cuello y el torso. El FBI abrió una investigación criminal sobre el caso, confirmada ante el Congreso en abril de 2026, y en julio la familia presentó una demanda civil contra cuatro guardias y empresas vinculadas al centro, reclamando más de un millón de dólares.
Las otras dos muertes corresponden a Francisco Gaspar-Andres, en diciembre de 2025, y a Víctor Manuel Díaz, en enero de 2026, las tres ocurridas en un lapso de aproximadamente seis semanas. En marzo de 2026, el propio Concejo ya había solicitado una investigación de gran jurado federal por esas muertes, y la ACLU presentó una demanda federal en mayo buscando detener las operaciones del centro.
Una residente, Mary Holguin, planteó durante el comentario público una pregunta que quedó sin respuesta: «¿A dónde van a enviar a esas personas si lo cierran?»
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las denuncias con dureza. «Los políticos radicales del Concejo Municipal de El Paso no nos impedirán arrestar y detener a extranjeros ilegales que no tienen lugar en las comunidades estadounidenses.
Nuestro mensaje sigue siendo: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no va a frenar», señaló el organismo en un comunicado, en el que también calificó de «falsas, repugnantes e irresponsables» las acusaciones y aseguró que todos los detenidos reciben tres comidas diarias, agua potable, ropa, cama, duchas y artículos de higiene.
El Concejo deberá votar la resolución definitiva en los próximos 30 días, en lo que sería el paso formal más contundente que ha dado el gobierno municipal de El Paso contra el funcionamiento de Camp East Montana.
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