El secretario de Estado Marco Rubio descartó este martes que el gobierno de Delcy Rodríguez pueda usar tácticas dilatorias para postergar indefinidamente el proceso de transición política en Venezuela, y fijó un horizonte personal claro: tiene intención de ver el asunto resuelto mucho antes de abandonar su cargo.
Las declaraciones surgieron en una teleconferencia cuya transcripción publicó el Departamento de Estado, en respuesta a una pregunta de la periodista Vera Bergengruen, del Wall Street Journal, quien cuestionó si Caracas podría simplemente ganar tiempo hasta que cambie la administración estadounidense.
Rubio fue tajante: «¿Y si simplemente intentan agotar nuestro tiempo durante dos años? Eso no va a pasar».
El secretario de Estado subrayó que existen plazos acordados y que las autoridades venezolanas han cumplido cada uno de ellos hasta la fecha, incluso a pesar del retraso que provocó el terremoto de junio de 2026, que causó más de 5.000 muertos y obligó a declarar emergencia nacional.
Rubio explicó que Washington dispone de una palanca de presión decisiva: Venezuela sigue operando bajo un régimen de sanciones, y las actividades económicas que hoy se permiten dependen de exenciones y licencias generales que el gobierno estadounidense puede modificar o retirar en cualquier momento.
«La verdad es que Estados Unidos tiene una influencia significativa sobre la dirección que toman estas conversaciones y los resultados que obtenemos», afirmó.
El secretario advirtió que si el proceso fracasa, Venezuela regresaría a la situación de partida —sanciones plenas, sin los incentivos económicos actuales— y que el camino alternativo a la transición negociada podría derivar en violencia o una guerra civil.
Rubio también dejó claro que el compromiso con la transición debe ser total y que incluye a las propias autoridades interinas: «No sé qué alternativa tienen, porque si no cooperan con esto, obviamente... es la razón por la que hemos suspendido algunas de estas sanciones».
En cuanto al calendario, el secretario reconoció sus propias limitaciones: «En el mejor de los casos, me quedan dos años y dos meses en este puesto. Así que, claramente, tengo la intención de ver este proyecto resuelto mucho antes de que deje este puesto».
La hoja de ruta que impulsa Washington para la transición venezolana contempla una secuencia institucional precisa: primero, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia con 32 nuevos magistrados, cuya lista debe presentarse ante la Asamblea Nacional antes del 11 de diciembre de 2026; segundo, la reestructuración del Consejo Nacional Electoral para convertirlo en un organismo técnico sin potestad de inhabilitar candidatos ni partidos; y tercero, la declaración por parte de Rodríguez de la falta absoluta de la Presidencia, lo que activaría un plazo constitucional de seis meses para convocar elecciones.
El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 23 miembros —11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil—, fue juramentado el 22 de octubre y ya trabaja contra ese plazo.
Rubio ha insistido en que la infraestructura electoral venezolana fue diseñada para amañar elecciones durante el gobierno de Maduro y debe sustituirse antes de cualquier votación que pueda considerarse legítima.
El proceso de transición fue anunciado formalmente por Rubio el 20 de julio de 2026, con un foro conjunto entre la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el gobierno interino, y el diálogo entre el chavismo y la oposición arrancó en agosto de ese año.
«Me siento muy optimista de que vamos a cumplir con esos plazos y llegar a donde necesitamos estar», concluyó Rubio.
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