La salida de Jeremy Lewin del Departamento de Estado estadounidense deja una incógnita sobre el futuro de las conversaciones entre Washington y La Habana.
El joven asesor de Marco Rubio fue uno de los principales responsables de los contactos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y representante de facto del núcleo familiar que conserva una influencia decisiva en el poder cubano.
Según informó Axios, Lewin, de 29 años, abandona la administración Trump para incorporarse al sector privado. Su marcha responde, de acuerdo con la publicación, a planes personales y profesionales, sin que existan indicios de discrepancias con Rubio o de una relación directa con el estancamiento de las negociaciones.
Pero su partida se produce en un momento significativo: después de meses de conversaciones sin acuerdos sustanciales y cuando Estados Unidos parece combinar la disposición al diálogo con una estrategia cada vez más coercitiva para obtener concesiones del régimen.
Dos negociadores con acceso al poder
Lewin no era un diplomático de carrera ni un especialista tradicional en Cuba. Abogado formado en Dartmouth y Harvard, llegó a la Administración a través del programa de recortes gubernamentales DOGE, impulsado por Elon Musk, y ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los colaboradores de confianza de Rubio.
En abril encabezó, junto al experimentado diplomático Michael Kozak, una delegación estadounidense que se reunió en La Habana con El Cangrejo. Su participación no fue circunstancial: Axios le atribuye la dirección de las conversaciones bilaterales y un papel destacado en la aplicación de sanciones contra el régimen, incluido el conglomerado militar GAESA.
La elección del interlocutor cubano resulta todavía más reveladora. Rodríguez Castro es coronel del Ministerio del Interior, jefe de seguridad de su abuelo e hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió GAESA. Sin embargo, no ocupa un cargo gubernamental que le confiera representación política para negociar el futuro del país, ni dispone de legitimidad democrática para hacerlo.
Su autoridad procede de la pertenencia a la familia Castro y de sus vínculos con el aparato militar y económico del régimen. Aunque dirigentes del Partido Comunista han reconocido que actúa por decisión de la máxima dirección, esa designación evidencia la naturaleza patrimonial de un sistema en el que el poder efectivo trasciende las instituciones formales del Estado.
Washington parece haber asumido esa realidad: para negociar con quienes toman las decisiones en Cuba ha recurrido al núcleo familiar del castrismo, aun cuando su autoridad no emana de la voluntad popular.
La contradicción es evidente: Estados Unidos busca transformaciones democráticas mediante conversaciones con representantes de la misma estructura de poder que se resiste a realizarlas.
Una negociación bloqueada y una presión creciente
Los contactos, iniciados a principios de 2026, llegaron a incluir propuestas de cooperación energética, inversiones y posibles reformas económicas. Sin embargo, según reveló The Atlantic en octubre, las conversaciones quedaron estancadas cuando Washington exigió la salida de Miguel Díaz-Canel y La Habana se negó a aceptar esa condición.
El régimen ha reiterado que no negociará su sistema político, el papel rector del Partido Comunista ni la celebración de elecciones multipartidistas. Se muestra dispuesto a discutir determinadas reformas económicas, pero sin renunciar al monopolio del poder.
Ese límite choca también con la legislación estadounidense. La Ley Helms-Burton condiciona la suspensión del embargo al establecimiento de un gobierno de transición que cumpla requisitos como la liberación de los presos políticos, la legalización de la actividad política y el compromiso de celebrar elecciones libres. Su levantamiento definitivo exige un gobierno democráticamente elegido.
Por tanto, un acuerdo económico que preserve intacta la estructura del régimen no bastaría para eliminar las restricciones fundamentales del embargo, aunque Washington conserve margen para negociar medidas específicas.
Ante ese bloqueo, la administración Trump ha intensificado las señales de presión. Las sanciones financieras, las advertencias dirigidas a la cúpula militar y los recientes llamamientos de Rubio y la CIA a colaborar discretamente con los servicios de inteligencia estadounidenses apuntan a una búsqueda de fisuras dentro del aparato de poder.
Trump también ha utilizado reiteradamente la amenaza de una presencia militar frente a Cuba, sin descartar expresamente otras opciones. No existen, sin embargo, pruebas públicas de una decisión de intervenir militarmente o ejecutar una operación de captura de dirigentes cubanos.
El propio Rubio afirmó este lunes que Cuba necesita un «cambio muy drástico» y que su situación es diferente de la venezolana, donde Washington alcanzó acuerdos económicos con el Gobierno de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.
¿Quién ocupará el lugar de Lewin?
La salida del asesor no significa necesariamente el fin del diálogo. Kozak —veterano diplomático estadounidense que dirigió la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana entre 1996 y 1999— participó directamente en las conversaciones, Rubio conserva la dirección política de la estrategia y existen otros canales de comunicación, incluidos los establecidos por los servicios de inteligencia.
Tampoco se ha anunciado quién asumirá las responsabilidades de Lewin ni si Washington modificará su esquema negociador. El pasado viernes, Trump volvió a hablar de un posible acuerdo con Cuba e incluso mencionó que enviaría personalmente a Rubio para cerrarlo.
La cuestión de fondo, sin embargo, trasciende el relevo de un funcionario. Después de meses de contactos infructuosos, Washington mantiene abierta la puerta de la negociación mientras aumenta la presión sobre una dirigencia que se niega a aceptar transformaciones políticas sustanciales.
La incógnita es si Rubio seguirá apostando por alcanzar un acuerdo con el círculo de Raúl Castro o si la resistencia de esa élite terminará desplazando el protagonismo hacia otros interlocutores y mecanismos de presión.
Por ahora, el principal obstáculo no parece estar en quién representa a Washington, sino en la negativa de quienes controlan el poder en Cuba a aceptar cambios que podrían poner fin a sus propios privilegios y a su control del Estado.
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