La administración Trump está traicionando a los cubanos que huyeron del comunismo. Nada semejante había ocurrido desde la llegada de Fidel Castro al poder. No hizo falta derogar la Ley de Ajuste Cubano, promulgada por Lyndon B. Johnson en 1966 —la versión en papel de Ellis Island para los cubanos—: ha bastado con ignorar su letra y desconocer su espíritu. Han aplicado un método silente para destruirla sin firmar el acta de defunción.
La ley es sencilla. Cualquier cubano que haya ingresado legalmente a Estados Unidos después del 1 de enero de 1959 puede solicitar la residencia permanente tras un año y un día en el país. El único requisito es haber sido inspeccionado y admitido, o inspeccionado y haber recibido un parole. Se trata de un ajuste de estatus: sin tribunal, sin juez de inmigración, sin procedimiento de asilo. El trámite se realiza por vía administrativa enviando el formulario I-485 al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
En estas seis décadas, millones de cubanos se han legalizado a través de ese vehículo legal: la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés).
Una muerte lenta
Pero al retornar Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el destino de la CAA estaba marcado.
Las cifras son irrefutables: entre abril y junio de 2024, bajo Joe Biden, el USCIS aprobó 49,965 residencias a través de la Ley de Ajuste. Después, sobrevino una caída en picada: 4,098 entre octubre y diciembre de 2025; apenas 50 entre enero y marzo de 2026; y, entre abril y junio, 139 aprobaciones contra 447 negativas. Ello equivale a una caída del 99.7 % en las aprobaciones en los últimos dos años.
Y en el segundo trimestre de 2026, más de tres de cada cuatro decisiones —el 76.3 %— fueron negativas. En números absolutos, las negativas son incluso menos que en el mismo trimestre de 2024 (662) y de 2025 (757): lo que ha cambiado es que USCIS prácticamente ha dejado de resolver casos.
Mientras tanto, 342,360 expedientes siguen sin decisión. Es decir, 342,360 personas sin saber cuándo se resolverán sus solicitudes. Cientos de miles de familias en situación de miedo e indefensión, en muchos casos sin recibir siquiera los permisos de trabajo que, por ley, les corresponderían. Vidas congeladas, personas aterrorizadas, muchas de ellas medicadas por la angustia y la depresión.
Y esos son los que corrieron con suerte: aquellos que cumplían con los requisitos para solicitar los beneficios de la legislación. Hay un grupo en peor situación: entre 400 mil y medio millón de cubanos con I-220A que permanecen en un exasperante limbo migratorio, mientras la Casa Blanca apela en las cortes cada fallo judicial que pudiera favorecerlos.
Simultáneamente, a otras decenas de miles de cubanos —con parole humanitario o CBP One— les congelaron los trámites de residencia e incluso los permisos de trabajo. El propósito parece evidente: dejarlos sin recursos para pagar renta y comida, someterlos al terror de la cárcel o del envío a un tercer país, y empujarlos así a la autodeportación.
Nunca antes, en 67 años de exilio, los cubanos con trámites pendientes sintieron tanto pánico en el que ha sido el refugio más generoso de la historia para nuestra comunidad.
El Deportador en Jefe
Mientras tanto, las detenciones y deportaciones no cesan. Donald Trump deportó a 3,385 cubanos en su primer mandato y —según un análisis de PolitiFact— a otros 8,500 en lo que va del segundo hasta agosto de 2026. Algunas fuentes, sin embargo, apuntan a cifras incluso mayores: entre 13 mil y 15 mil si se suman los dos períodos. Se ha convertido en el Deportador en Jefe de Cubanos; por mucho, más que ningún otro presidente en la historia de la nación.
Buena parte de esas personas fueron expulsadas a la misma dictadura comunista de la que huyeron, mientras el Comité Central de la Calle Ocho —y sus tres ilustres congresistas— guardan un silencio cómplice. Otros 4,353 —según Human Rights Watch, solo entre enero de 2025 y marzo de 2026— fueron enviados a México, muchos de ellos sin siquiera documentos de identidad. Y más de un centenar han ido a parar, encadenados y golpeados, a países africanos; la mayoría de ellos sin récord criminal y en medio de sus procesos legales. Uno de esos destinos es la República Centroafricana, donde se reporta el arribo de aproximadamente un centenar de cubanos. Un país que el propio Departamento de Estado clasifica como de Nivel 4. Para los estadounidenses, eso significa una advertencia severa: “No Viajar”.
Lo que la narrativa MAGA no cuenta
Obama expulsó más inmigrantes indocumentados en general, pero mayormente hombres solos, con antecedentes penales y reincidentes de cruces fronterizos. Nunca persiguió a mujeres, niños, embarazadas ni ancianos en las calles, ni destrozó familias trabajadoras. El número de cubanos deportados en sus dos mandatos es de apenas unos cientos. En contraste, en ese período permitió la entrada al país de cientos de miles que huían de Cuba, incluidas las primeras caravanas a través de Centroamérica en 2016.
Contrario a la narrativa política interesada, la eliminación de la política de “pies secos, pies mojados” en los días finales de su administración no frenó la llegada de los cubanos ni las residencias: unas 300,000 fueron adjudicadas entre 2017 y 2023, según el USCIS. Trump 45, por su parte, comenzó a otorgar masivamente en frontera los formularios I-220A desde enero de 2017 y jamás pensó siquiera en restituir la política anterior.
Durante la siguiente administración, Biden abrió las puertas a quienes llegaban de Cuba, otorgó permisos de trabajo y muchos cubanos con I-220A comenzaron a experimentar, por primera vez, una vida en libertad: forjaron familias, compraron casas y hasta crearon negocios a la espera de una regularización definitiva, como había ocurrido durante otros éxodos migratorios en los 60, los 80 (Mariel) y los 90 (crisis de los balseros). Fue Trump quien desató el hostigamiento y la persecución para devolverlos al mismo régimen del que habían escapado... o a África.
Los aliados de Miami
A decir verdad, el ataque contra la línea de flotación de la Ley de Ajuste Cubano había empezado desde mucho antes. Fueron congresistas republicanos de Miami, empezando por David Rivera (2012) y Carlos Curbelo (2015), con el apoyo de Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y del senador Marco Rubio, quienes intentaron, sin éxito, dinamitar la ley en el Congreso. La idea era acotarla, reducir sus protecciones y dividir a los refugiados cubanos entre quienes tenían derecho a acogerse a la legislación y aquellos que hasta podrían ser penalizados. Un desmontaje paulatino del texto de la ley y su sentido.
Con las notables excepciones de los arriba mencionados, hasta entonces la Ley de Ajuste Cubano solo había tenido un enemigo encarnizado: Fidel Castro.
Hoy, los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez han sido cómplices por omisión, inacción y, en ocasiones, por su apoyo abierto a políticas que perjudican a los inmigrantes y refugiados de su propio país de origen, o el de sus ancestros. Los tres apoyaron festivamente el campo de detención Alligator Alcatraz, un centro de los horrores condenado por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y hasta por la propia Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Ninguno de ellos ha expresado siquiera la más mínima objeción a cómo ICE ha convertido a Miami, el símbolo de la resistencia y la pujanza del exilio cubano, en la capital nacional de las detenciones de inmigrantes.
Aún más, cuando los tres congresistas tuvieron toda la influencia y el poder para forzar la regularización de cientos de miles de cubanos con I-220A —con sus votos clave en las negociaciones de la ley de presupuesto conocida como Big Beautiful Bill—, optaron por postrarse ante Trump y traicionar a los cubanos.
Y como es de esperar, tampoco han dicho una sola palabra sobre cómo esta administración está destruyendo la protección migratoria que ha beneficiado por largas décadas a tantos cubanos, incluyendo a sus propios familiares.
Por ahora, la Ley de Ajuste sigue vigente, no ha sido derogada. Pero en la práctica resulta como si no existiera. Trump le ha estado quitando el oxígeno. Y quienes deberían defenderla, en lugar de plantar cara y proteger a nuestra comunidad, están cooperando abiertamente en ese infame plan.
Joe Garcia es excongresista demócrata. Representó el Distrito 26 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 2013 y 2015.
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