El abogado de inmigración Wilfredo «Willy» Allen analizó este lunes las posibilidades reales que tienen los 69 cubanos deportados a la República Centroafricana la semana pasada de poder regresar a Estados Unidos, y la respuesta depende, caso por caso, de en qué punto estaba cada persona dentro del sistema migratorio cuando fue trasladada a Bangui.
El grupo —64 hombres y cinco mujeres— salió el 21 de octubre desde Alexandria, Luisiana, en el vuelo de deportación a un tercer país más numeroso hasta la fecha. «Esos 69 cubanos, 5 mujeres y 64 hombres, muchos de ellos, no tienen delitos. O sea, el delito suyo es haber entrado ilegalmente en Estados Unidos», señaló la periodista Tania Costa al presentar el caso durante la entrevista.
Allen, por su parte, estableció tres categorías con perspectivas muy distintas.
La primera agrupa a quienes fueron deportados por antecedentes penales. «Los que tuvieron delitos criminales y ya están deportados por el delito criminal nunca van a regresar», afirmó el abogado. Aunque aclaró que estos casos son minoría dentro del grupo.
La segunda categoría incluye a quienes agotaron todas las instancias del sistema de asilo —con negativa del juez de inmigración y del Tribunal de Apelaciones de Inmigración (BIA)—. Para ellos, el panorama es sombrío pero no del todo cerrado. «Para los que tuvieron una corte final de asilo y un juez les negó el asilo y el Board de Inmigración les negó la apelación, el regreso va a ser no imposible», dijo Allen. Una vía que mencionó es que, si en el futuro los tribunales reconocen el formulario I-220A como equivalente al parole exigido por la Ley de Ajuste Cubano, algunos podrían intentar reabrir sus casos desde el exterior.
La tercera categoría —y la que tiene mejores perspectivas— es la de quienes fueron deportados sin haber tenido una resolución final. «Esas personas tienen el mejor chance de poder regresar a través de las Cortes Federales», aseguró Allen.
Tania Costa mencionó que al menos uno o dos integrantes del grupo anterior se encontraban en esa situación, incluyendo un caso en que se había presentado un recurso de habeas corpus sin que hubiera sido respondido antes de la deportación. «Ya, eso es trágico», comentó el abogado, aunque precisó que esa persona «tiene un chance» si la orden de deportación no era definitiva.
Un obstáculo adicional complica cualquier recurso: la jurisdicción. Luisiana, desde donde partió el vuelo, pertenece al Quinto Circuito Federal, que el jueves pasado emitió un fallo en pleno —por 10 votos contra siete— en el caso Sosnava Rodriguez v. Ortega, avalando la detención sin fianza de migrantes indocumentados y bloqueando en la práctica la mayoría de los recursos de habeas corpus en esa región. «El quinto circuito es el circuito más conservador y que ha tenido las órdenes federales más anti inmigrantes y emitió una nueva la semana pasada», advirtió Allen.
La situación en Bangui es igualmente precaria. Los deportados llegaron esposados y sin documentos migratorios, sin estatus legal ni autorización para trabajar, alojados en edificios con apoyo básico de organismos de la ONU. Un cubano deportado en agosto, Yasmany Moreno de Armas, denunció en video las condiciones extremas que enfrentan en ese país: «Tenemos malaria y no hay medicamentos».
«Mira, yo creo que es trágico. Sospecho que es posible que los que eran I-220A, si no tienen órdenes finales de deportación, a lo mejor pudieran regresar», resumió Allen, dejando claro que el camino de vuelta, cuando existe, será largo y sin garantías.
El caso de estos cubanos deportados a África pone de relieve la complejidad del sistema migratorio estadounidense. Sigue todos los detalles y novedades en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
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