Gustavo Rivero Napoles, un cubano de 65 años que pasó casi toda su vida en Hialeah, falleció el domingo 25 de octubre en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de California después de aproximadamente cinco meses bajo custodia migratoria, según una investigación del Miami Herald a partir de entrevistas a familiares de la víctima.
El gobierno no ha registrado oficialmente su muerte porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo liberó formalmente el 23 de octubre —el mismo día en que fue trasladado a la UCI—, cuando su familia asegura que ya estaba inconsciente, unas 48 horas antes de que falleciera.
«Murió siendo tratado como un perro», declaró su sobrina, Angelina Rivero, de 33 años, al Miami Herald.
Rivero Napoles había sido diagnosticado con cáncer de hígado en etapa 4 antes de ser detenido y se desplazaba en silla de ruedas porque la enfermedad le provocaba inflamación severa en las piernas.
Emigró de Cuba a Estados Unidos alrededor de 1970, cuando tenía ocho años, y obtuvo la residencia permanente junto a otros cubanos llegados en aquella época.
Su familia llevaba meses exigiendo su liberación, convencida de que no recibía medicación ni tratamiento adecuados.
«Esta es la historia de Gustavo»
Según relató en un mensaje de Facebook una de las hermanas del fallecido, Carolina Rivero, durante el último año de vida Gustavo incumplió su libertad condicional y fue enviado a la cárcel, pero un juez le concedió la liberación por motivos humanitarios en junio, para que pudiera pasar sus últimos meses en casa con su familia.
El día antes de que fuera puesto en libertad, ICE lo interceptó y lo detuvo.
«No tenía ninguna orden de deportación. No había absolutamente ninguna razón legal ni lógica para su detención. Pasó tres meses en un centro de Florida antes de ser trasladado al Centro de Detención de Inmigrantes de California City. Llamaba todos los días, llorando de agonía por el dolor y suplicando que le atendieran médicamente», escribió Carolina Rivero.
El propio Rivero Napoles les contaba por teléfono que a veces se tumbaba en el suelo de su celda gritando, y que un médico del centro de detención le había dicho «todos ustedes, inmigrantes ilegales, solo quieren drogas» cuando pedía su medicación.
La familia detalló al Miami Herald que Gustavo ingresó al hospital el 20 de octubre. Dos días después, su hermana contactó a funcionarios del ICE, quienes confirmaron que seguía bajo custodia pero se negaron a dar información sobre su estado.
El 23 de octubre fue trasladado a la UCI y ese mismo día la agencia lo liberó formalmente: donde debía ir su firma, un agente anotó «se niega a firmar». Su familia sostiene que para entonces ya no podía comprender ni responder.
Al día siguiente, un agente llamó a su hermana Catalina Rivero, de 72 años, y le dijo que Gustavo estaba en un centro de salud local, sin precisar cuál.
Cuando la familia llamó al número proporcionado, el centro informó que no se encontraba allí. Horas después, un médico del hospital en California la contactó y le pidió que fueran de inmediato.
Carolina Rivero y su esposo condujeron cuatro horas y media; Catalina tomó un vuelo desde Miami. Las enfermeras les dijeron que habían suplicado a los agentes del ICE que avisaran a la familia, pero estos se negaron.
Al llegar, encontraron el formulario de liberación entre las pertenencias de Rivero Napoles, guardadas en una caja de donuts sucia dentro del armario del hospital. Solo respondió una vez: derramó lágrimas al ver entrar a su hermana y escuchar «Estoy aquí».
«Era físicamente incapaz de moverse, y mucho menos de firmar documentos. Solo después de que el ICE resolviera su situación de custodia se permitió al hospital facilitarnos información», dijo Carolina. «Simplemente lo desecharon. Solo esperaron a que muriera».
«Esta es la historia de Gustavo. Murió de cáncer, pero lo mataron el maltrato médico y la profunda negligencia de ICE y del Centro de Detención de Inmigrantes de California City», concluyó en el mensaje de Facebook, donde exige justicia.
Otra vida en manos de ICE
Casi una semana después de la muerte de Rivero Napoles, un agente del ICE llamó a Catalina Rivero para confirmar que su hermano se presentaría a una cita en Miramar el 23 de noviembre. Cuando ella informó que había fallecido, le preguntaron dónde había muerto. «El ICE mató a mi hermano», les respondió.
El caso se enmarca en un cambio de política que el ICE aplicó en junio de 2026: la agencia dejó de estar obligada a reportar e investigar las muertes ocurridas dentro de los 30 días posteriores a la liberación de un detenido, una norma establecida en 2021 precisamente para evitar este tipo de situación.
Deborah Fleischaker, quien redactó aquella política original como subdirectora de políticas del ICE, declaró al Miami Herald: «En casos como este, donde la persona estaba muy enferma bajo custodia, el ICE la retuvo de todos modos y luego la liberó cuando estaba al borde de la muerte. Es muy difícil concluir que no lo hacen para evitar alegar la muerte bajo custodia».
Las muertes bajo custodia migratoria han alcanzado niveles sin precedentes: el año fiscal 2026 cerró con 37 fallecidos, la cifra más alta desde la creación del ICE en 2003.
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