El año fiscal federal que cerró este miércoles se convirtió en el más mortífero registrado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): 37 personas murieron bajo custodia de la agencia entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.
La cifra marca un nuevo máximo de muertes bajo custodia de ICE durante un año fiscal, según una investigación de Bloomberg Law publicada el último día del año fiscal.
La cifra supera los 23 fallecidos registrados durante el año fiscal 2025 y supera ampliamente las 12 muertes registradas durante el año fiscal 2024, en un contexto de expansión masiva del sistema de detención bajo la segunda administración Trump.
Entre los 37 fallecidos figuran al menos cuatro cubanos cuyos casos han generado investigaciones criminales, demandas judiciales y denuncias públicas.
El desmantelamiento de la supervisión
El aumento de muertes coincide con el desmantelamiento de los principales mecanismos de control.
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS pasó de más de 100 empleados a menos de cinco. La Oficina del Ombudsman de Detención fue cerrada en mayo de 2026 tras la eliminación de su financiamiento por el Congreso.
Peter Mina, exfuncionario de derechos civiles del DHS, advirtió a Bloomberg Law: «A este ritmo, los estándares van a seguir bajando porque el objetivo es aumentar el número de personas en detención».
Según Bloomberg Law, la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS quedó como el principal organismo externo encargado de inspeccionar y supervisar las condiciones de detención de ICE.
En septiembre publicó informes críticos sobre tres instalaciones: Krome North (Miami), donde se documentó el uso de llaves de estrangulamiento; el centro conocido como Alligator Alcatraz, cerrado en junio de 2026; y el Centro Correccional Cibola (Nuevo México).
Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE y DHS, advirtió que el OIG no puede sustituir el rol preventivo de los organismos desmantelados: «Lo ideal es un enfoque de supervisión por capas, porque cada entidad tiene un papel diferente».
La muerte del cubano Geraldo Lunas Campos
Geraldo Lunas Campos, de 55 años, murió el 3 de enero de 2026 en el centro de detención Camp East Montana, en la base militar Fort Bliss (El Paso, Texas).
El médico forense del condado dictaminó su muerte como homicidio por asfixia, contradiciendo la versión del Departamento de Seguridad Nacional, que describió el incidente como una intervención para prevenir autolesiones.
Testigos declararon a Associated Press que Lunas Campos, ya esposado, fue inmovilizado por al menos cinco guardias, uno de los cuales lo estranguló con el brazo alrededor del cuello mientras él repetía «no puedo respirar».
Había llegado a Estados Unidos en 1996 como balsero, vivió más de dos décadas en Rochester (Nueva York) y era padre de cuatro hijos.
Tenía una orden de deportación desde 2005 que nunca se ejecutó porque el gobierno cubano se negó a emitir los documentos de viaje necesarios.
El FBI abrió una investigación criminal sobre el caso, confirmada en abril de 2026 por el director interino de ICE ante el Congreso.
La familia presentó además una demanda civil por más de un millón de dólares contra guardias y empresas vinculadas al centro.
La muerte de Lunas Campos fue una de tres registradas en Camp East Montana en apenas 44 días.
Más de 160 llamadas al 911 desde ese centro, obtenidas por ProPublica y The Texas Tribune, documentaron emergencias médicas y de salud mental que el personal no podía atender.
Otros cubanos fallecidos
Denny Adán González, de 33 años, fue hallado muerto el 29 de abril en el Centro de Detención Stewart (Lumpkin, Georgia).
Su compañero de celda denunció que era «imposible» quitarse la vida en la celda de aislamiento donde estaba recluido. La madre resumió el dolor de muchas familias: «Los guardias me lo mataron».
Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, murió el 12 de abril en el Centro Federal de Detención de Miami, clasificado por ICE como presunto suicidio, con la causa aún bajo investigación.
La familia del cubano Juan Miguel Muñoz Peñalver, de 21 años, presentó una demanda federal contra el gobierno de Louisville (Kentucky) tras su muerte en febrero, clasificada como suicidio por psicosis aguda derivada de deshidratación.
«Es una muerte por deshidratación en un país del primer mundo. ¿Cómo es posible?», declaró Jon Little, abogado de la familia, al Courier Journal.
Las muertes bajo custodia de ICE y las condiciones del sistema de detención migratoria siguen siendo un tema crítico. Consulta la sección de Inmigración en EE. UU. para mantenerte informado sobre todo lo que ocurre con las políticas migratorias y sus consecuencias.
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