Juez ordena a USCIS avisar con 21 días las entrevistas de asilo de menores no acompañados

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Un juez federal suspendió las políticas de USCIS que desde septiembre de 2026 notificaban entrevistas de asilo a menores no acompañados con apenas horas de antelación, y que exigían «circunstancias excepcionales» para reprogramarlas.

La orden de restricción temporal, dictada el 30 de octubre a las 12:00 PM por el juez Brendan A. Hurson del Tribunal de Distrito de Maryland, tiene alcance nacional y obliga a la agencia a reinstaurar el aviso previo de al menos 21 días antes de cada entrevista.

La resolución, identificada como Doc. 54 en el caso The Door et al. v. Edlow et al. (Civil No. 26-4326-BAH), responde a una demanda presentada en octubre por seis organizaciones de asistencia legal: The Door, Amica Center for Immigrant Rights, Florence Immigrant and Refugee Rights Project, Galveston-Houston Immigrant Representation Project, Immigrant Defenders Law Center y Jewish Family and Community Services Pittsburgh.

Las organizaciones documentaron que, a partir de septiembre de 2026, USCIS comenzó a notificar las citas con «pocos días de antelación —y en algunos casos menos de 24 horas—», cuando la política anterior garantizaba al menos tres semanas.

Preparar a un menor para su entrevista de asilo puede requerir entre 10 y 30 horas de trabajo por cliente, según consta en el expediente, e implica reunir evidencia, analizar cuestiones legales complejas y ayudar al niño a relatar experiencias traumáticas.

Este fallo es parte de un panorama migratorio en constante cambio. Sigue todas las novedades sobre procesos de asilo, USCIS y derechos de los inmigrantes en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.

El juez Hurson también suspendió la política anunciada por USCIS el 21 de agosto de 2026, que solo permitía reprogramar una entrevista acreditando «circunstancias excepcionales».

Las organizaciones documentaron casos en que la agencia rechazó solicitudes de reprogramación incluso cuando el abogado del menor tenía dos compromisos simultáneos en lugares distintos, o cuando había sufrido un accidente de tráfico.

La orden impone dos obligaciones concretas a USCIS. Primero, generar aviso escrito al menos 21 días antes de cada entrevista programada y remitirlo prontamente al solicitante y su representante legal. Segundo, reinstaurar la política anterior que permitía reprogramar la cita una vez de forma automática y una segunda vez por «buena causa», considerando la disponibilidad del abogado, conflictos de agenda, la necesidad de reunir evidencia y la capacidad del menor para asistir.

El gobierno tiene 48 horas desde la orden para presentar un informe de cumplimiento. La medida expira el 13 de noviembre de 2026 a las 12:00 pm, salvo que el tribunal disponga otra cosa.

La orden tiene efecto nacional porque fue dictada como suspensión bajo la Sección 705 de la Ley de Procedimiento Administrativo, un mecanismo que no queda limitado a las partes del litigio. El juez señaló que el gobierno no cuestionó este alcance en su respuesta.

La resolución aplica a cualquier menor que cumpla la definición legal de «menor no acompañado» establecida en 6 U.S.C. § 279(g)(2): persona menor de 18 años, sin estatus migratorio legal en Estados Unidos y sin padre o tutor legal disponible en el país para asumir su custodia física. Esto puede incluir a menores cubanos no acompañados que reúnan esas condiciones, aunque el litigio no identifica casos cubanos concretos.

El juez Hurson fue categórico al valorar el interés público: «resulta difícil sostener que la sociedad tiene interés en perpetuar un sistema caótico que puede derivar en que niños vulnerables sean expulsados erróneamente a lugares donde podrían sufrir abusos o incluso la muerte».

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