El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la Orden Ejecutiva 26-226 para suspender a la alcaldesa de Kissimmee, Eva Jacqulyn «Jackie» Espinosa, nueve días después de su arresto por cargos de hurto mayor y esquema organizado para defraudar vinculados al presunto desvío de fondos federales de ayuda por la pandemia de COVID-19.
La suspensión le impide a Espinosa ejercer el cargo, percibir salario o recibir cualquier otro beneficio asociado a la alcaldía mientras permanezca vigente la medida.
Conforme a la carta municipal de Kissimmee, la vicealcaldesa Angela Eady asumió de inmediato las funciones de alcaldesa interina. Al ocupar ese puesto, su escaño como comisionada del Distrito 2 quedó vacante, y la Comisión Municipal deberá designar un reemplazo.
El caso se originó en el programa Business Boost 2.0, creado con fondos federales de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para apoyar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.
Espinosa, quien asumió la alcaldía en noviembre de 2024, promovió y votó medidas para crear y ampliar ese programa, y luego presentó tres solicitudes el mismo día en que se abrió el plazo de inscripción, en septiembre de 2025, para empresas vinculadas a ella y su familia: Adanse LLC (20,000 dólares), Kissimmee Diner Inc./Matador Tacos & Tapas (15,000 dólares) y The Real Estate Gallery LLC (15,000 dólares).
En total, siete empresas ubicadas en propiedades de la familia recibieron 90,000 dólares: 50,000 a negocios propios y 40,000 a arrendatarios de sus inmuebles. El dinero fue depositado en cuentas familiares el 7 de noviembre pasado.
El abogado municipal le advirtió a Espinosa el 5 de diciembre de 2025 que aceptar esos fondos podía constituir un conflicto de intereses prohibido y le recomendó devolverlos. Las autoridades alegan que se negó a hacerlo.
El 21 de octubre, fue arrestada bajo cargos de hurto mayor —delito grave de segundo grado, entre 20,000 y 100,000 dólares— y esquema para defraudar por 50,000 dólares o más, delito grave de primer grado que puede acarrear hasta 30 años de prisión.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, fue contundente al anunciar los cargos: «Los funcionarios públicos no pueden redactar las reglas y luego extenderse un cheque. La alcaldesa usó su posición para impulsar un programa de subvenciones COVID y luego tomó 50,000 dólares de este para los negocios de su familia, después de ser advertida de que estaba prohibido».
Por su parte, el director de Finanzas del estado, Blaise Ingoglia, añadió: «El servicio público tiene ese nombre por una razón, no es servicio propio. Jackie Espinosa abusó de esa confianza y cobró a expensas de los contribuyentes».
Espinosa fue detenida inicialmente sin fianza. Al día siguiente, un juez fijó una fianza total de 70,000 dólares —20,000 por hurto mayor y 50,000 por el esquema de fraude—, tras lo cual quedó en libertad.
Al salir de la cárcel del condado de Osceola, declaró: «A los residentes de Kissimmee: estaremos bien».
Su defensa, encabezada por la abogada Migdalia Pérez, sostiene que «existe una diferencia fundamental entre una presunta infracción ética y un delito penal» y que «el Estado debe demostrar intención criminal más allá de toda duda razonable».
Dos días después del arresto, la Comisión de Ética de Florida aceptó un acuerdo en el que la acusada admitió haber violado la ley estatal de ética. Como parte de ese acuerdo, deberá pagar una multa de 2,000 dólares y ofrecer disculpas públicas.
Jackie Espinosa, de 58 años, es una política e inversionista inmobiliaria de origen puertorriqueño nacida en Nueva Jersey. Según la base de datos Ballotready, se graduó en Estudios Legales en 1989 y tras obtener licencias en gestión de bienes raíces e hipotecas, fundó varias firmas en la ciudad.
Kissimmee, ciudad de unos 85,000 habitantes en el condado de Osceola, tiene aproximadamente el 68 % de población hispana, incluyendo miles de pequeños empresarios que solicitaron estas mismas ayudas durante la pandemia. El condado alberga además unos 16,900 residentes de origen cubano.
La próxima audiencia judicial de Espinosa está fijada para el 1 de diciembre de 2026.
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