La Fiscalía municipal de Bayamo solicitó penas de hasta cinco años de privación de libertad para nueve ciudadanos procesados por su participación en la protesta popular del 23 de mayo de 2025 en esa ciudad de la provincia de Granma, según las conclusiones provisionales del expediente fiscal a las que tuvo acceso Martí Noticias.
Las peticiones fiscales se formularon cerca de un año y medio después de los hechos, y el documento marca el cierre de la etapa investigativa para dar paso a la solicitud de juicio oral.
Según el informe fiscal, unas 120 personas se concentraron en las inmediaciones de la avenida Vicente Quesada y la calle 22, algunas con el rostro cubierto, golpeando cazuelas y otros objetos metálicos mientras coreaban consignas como «queremos comida, corriente y agua».
La acusación también recoge que se profirieron expresiones ofensivas contra el presidente de la República y otros dirigentes, y que los manifestantes lanzaron botellas y piedras a los oficiales del Ministerio del Interior —sin llegar a lesionarlos—, lo que motivó las detenciones.
Los delitos imputados son desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
Pedro Luis Zamora Isac enfrenta la pena más alta: cinco años por desórdenes públicos. Le sigue Alexander Guzmán Silva, con cuatro años solicitados por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Ever Ernesto Pérez Aliaga afronta tres años por desacato y desórdenes públicos.
También están acusados Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera, todos por resistencia e instigación a delinquir.
Los familiares de los procesados rechazan los cargos. Ernesto Pérez, padre de Ever, declaró a Martí Noticias: «No les faltó el respeto. Necesitaba en su manifestación, pero elegante, pacífica y tranquilamente no le faltó respeto a nadie».
Rosa Escalante, madre de Arael Rodríguez Escalante, fue más directa: «Les están pidiendo años por exigirle al gobierno derechos básicos como el acceso al agua, alimentos y la electricidad».
Las protestas de mayo de 2025 en Bayamo se produjeron ante el agravamiento de la crisis energética y alimentaria que afecta al país en los últimos años. En esas fechas, residentes de varios barrios llevaban más de 36 horas sin electricidad. Las manifestaciones se extendieron también a Cienfuegos y Santiago de Cuba.
La respuesta del régimen combinó el despliegue de tropas especiales, boinas negras y unidades caninas con una campaña de propaganda en redes sociales para proyectar una imagen de calma y control.
Uno de los nueve acusados, Arael Rodríguez Escalante, fue reportado en huelga de hambre en la prisión Las Mangas de Bayamo en abril de este año, en protesta por las condiciones de reclusión.
Este caso no es el primero que se registra en Bayamo. Otros 15 ciudadanos que se manifestaron el 17 de marzo de 2024 contra los apagones y la escasez fueron juzgados en septiembre de 2025 y condenados a penas de entre tres y nueve años de prisión.
La represión del régimen es sistemática y abarca a todas las provincias. Este mes, la Fiscalía de Ciego de Ávila solicitó penas de hasta 13 años para manifestantes de Morón por sedición, lo que evidencia una escalada sostenida en la criminalización de la protesta social en Cuba.
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