El régimen cubano condenó el viernes a 15 ciudadanos que participaron en la protesta pacífica del 17 de marzo de 2024 en Bayamo, imponiéndoles sanciones de entre tres y nueve años de prisión.
El fallo, dictado por el Tribunal Municipal Popular de esa ciudad oriental, se convirtió en un nuevo episodio de criminalización del derecho a la protesta en la Isla.
Según la nota oficial del Tribunal Provincial Popular de Granma, ocho de los acusados recibieron penas de entre seis y nueve años de cárcel, y otros cinco fueron sancionados a condenas de entre tres y cinco años. Otros dos procesados fueron castigados con trabajo correccional sin internamiento.
La sentencia alegó delitos de "desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir", cargos habituales en los juicios políticos del régimen.
El tribunal insistió en que los acusados habían atentado contra la "estabilidad y seguridad ciudadana".
También aseguró que durante el proceso "se cumplimentaron las garantías procesales y el derecho a la defensa", una afirmación que contrasta con las denuncias de organismos de derechos humanos que describen estos juicios como farsas judiciales diseñadas para infundir miedo.
Un juicio marcado por la represión
El juicio empezó el pasado martes 16 de septiembre y duró cuatro días.
Se realizó más de un año después de que cientos de bayameses salieran a las calles con gritos de Libertad, Patria y Vida y Abajo la dictadura, hastiados de los apagones, la falta de alimentos y el colapso de los servicios básicos.
Aquella jornada terminó con golpizas y arrestos masivos a manos de la policía política y tropas especiales, según quedó registrado en numerosos videos difundidos en redes sociales.
De los 16 ciudadanos inicialmente acusados, 13 permanecieron durante meses en prisión provisional y tres bajo medidas restrictivas. El juicio involucró finalmente a 15 procesados.
La Fiscalía incluso imputó cargos de portación y tenencia ilegal de armas, aunque nunca se presentaron pruebas claras al respecto.
Un patrón represivo que se repite
El diario Granma informó sobre el juicio, calificando las protestas pacíficas de "disturbios".
El periodista independiente José Raúl Gallego señaló que la publicación solo busca intimidar: "Saben que la situación está provocando nuevos estallidos, como el de Gibara el pasado 13 de septiembre. Es una muestra de cómo la prensa oficialista es parte de los mecanismos de represión".
Gallego advirtió que es necesario identificar a jueces, fiscales y testigos que participan en estos procesos para documentarlos como responsables de violaciones de derechos humanos.
"Encarcelar a un ser humano por ejercer su derecho a la protesta es una violación por la que en algún momento deberán responder", afirmó.
Las protestas de Bayamo de marzo de 2024 no han sido un hecho aislado.
En mayo de este año la ciudad volvió a salir a las calles tras apagones prolongados, y hace poco más de una semana vecinos de Gibara protagonizaron manifestaciones por más de 24 horas sin electricidad.
La respuesta del régimen ha sido siempre la misma: detenciones nocturnas, y la amenaza de juicios sumarios y largas condenas de cárcel.
Mientras el malestar social se multiplica, la represión se recrudece. El fallo de Bayamo confirma que en Cuba protestar pacíficamente sigue siendo tratado como un crimen.
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