Wilber Aguilar Bravo denunció el sábado que acumula, según su propio conteo, 108 días sin poder ver a su hijo Walnier Luis Aguilar Rivera, preso político del 11J recluido en la prisión Nieves Morejón, en Guayos, Sancti Spíritus.
En una publicación en Facebook, el padre describió cómo las autoridades penitenciarias no solo le impiden las visitas, sino que también bloquean la entrega de alimentos, jabón y desodorante al joven, a quien mantienen a más de 300 kilómetros de su hogar en La Habana.
«Hemos tenido que convertir nuestro dolor en fuerza. Seguimos aferrados a la verdad», escribió Aguilar Bravo, quien también lanzó un mensaje directo a quienes guardan silencio ante la represión: «Para todos los cómplices y los que viran la cara para no ver nuestro dolor».
El patrón de hostigamiento contra la familia es sistemático y documentado. El 30 de agosto, la familia viajó desde La Habana, llegó al penal a las siete de la mañana tras más de 24 horas sin dormir y esperó hasta las once, cuando funcionarios les comunicaron que la visita «no estaba coordinada» y debía gestionarse con la Seguridad del Estado en la capital. Semanas después, Wilber volvió a viajar a Sancti Spíritus y fue rechazado de nuevo, denunciando entonces 84 días sin contacto con su hijo.
La dictadura usa los propios beneficios penitenciarios de Walnier como palanca de presión: las autoridades han advertido explícitamente a la familia que la actividad de Wilber en redes sociales perjudica al joven dentro del penal.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos seis actos represivos contra Wilber Aguilar durante 2026, entre ellos citaciones a interrogatorio para él, su esposa Rosario Rivera Román y su hijo Wagner, vigilancia policial frente a su vivienda y episodios en que agentes le impidieron salir de su domicilio.
Walnier, nacido el 13 de febrero de 2000, fue arrestado el 20 de julio de 2021 —nueve días después de las protestas del 11J— por participar en las manifestaciones en el barrio La Güinera, Arroyo Naranjo. Fue condenado a 23 años de prisión por sedición; tras un recurso de casación, la pena quedó reducida a 12 años.
Su familia y organizaciones de derechos humanos denuncian que padece una discapacidad intelectual limítrofe con lesión cerebral orgánica, condición documentada por especialistas que el tribunal ignoró al dictar sentencia.
Según su padre, Walnier es el único de los 17 coacusados de su causa que permanece encarcelado, después de que las excarcelaciones de presos del 11J en 2025 y 2026 lo dejaran fuera de cualquier proceso de liberación.
La organización Ciudadanía y Libertad respaldó la denuncia y exigió que se restablezca el contacto familiar, que cesen las restricciones dentro del penal y que el joven sea puesto en libertad. «Ningún padre debería pasar meses sin poder abrazar a su hijo por ejercer sus derechos», señaló la organización.
El caso cuenta con respaldo internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Walnier en julio de 2022 y amplió la protección al padre y al núcleo familiar en enero de 2025. En noviembre de ese año, la Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció públicamente los abusos contra el joven y exigió su liberación inmediata.
El caso de Walnier se inscribe en un cuadro más amplio de represión sostenida: según el listado interactivo publicado por Cubalex, Cuba mantiene actualmente 677 presos políticos documentados, mientras Prisoners Defenders contabilizaba 1,351 al cierre de septiembre de 2026.
«Libertad para mi hijo Walnier, libertad para todos los presos políticos, paz para las familias cubanas», cerró Aguilar Bravo su publicación del sábado, con la misma frase que ha repetido desde que su hijo lleva cinco años encerrado.
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