El escritor y periodista independiente Frank Correa, residente en Jaimanitas, La Habana, denunció públicamente que su hija lleva una semana sin poder asistir a clases en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana porque el transporte de ida y vuelta le cuesta 2,000 pesos cubanos diarios, sin contar la alimentación.
Correa lo expresó en una publicación en Facebook con palabras directas: «Mi hija no ha podido asistir a las clases de la universidad en esta semana, porque el viaje de un día hasta la facultad de Lenguas Extranjeras le sale 2,000 ida y vuelta sin contar los alimentos. Qué humilde del pueblo, y más un opositor hostigado, perseguido y olvidado a su suerte puede mantener semejantes gastos si no hay ni para comer».
La cifra resulta demoledora si se compara con el salario mínimo mensual en Cuba, fijado en 3,210 CUP desde julio de 2026: un solo día de clases consumiría más del 62% de ese ingreso, lo que convierte la asistencia a la universidad en un lujo inalcanzable para familias sin recursos.
La hija de Correa, Beily Mariam Correa, ya había sido blanco de la represión antes de que la crisis económica la dejara sin clases. En septiembre de 2026, agentes de la Seguridad del Estado acudieron a la facultad para indagar sobre su matrícula, en aparente represalia por su participación en una exposición de arte organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Semanas después, el 13 de octubre, la madre de la joven, la también periodista independiente Yunia Figueredo, denunció que una agente identificada como «mayor Hilda» amenazó con perjudicar la matrícula universitaria de Beily Mariam si ambos periodistas no cesaban su actividad.
La presión sobre la familia no es reciente. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión documentó 22 episodios represivos contra Correa y Figueredo entre abril de 2025 y septiembre de 2026, entre ellos vigilancia, detenciones arbitrarias, interrogatorios en Villa Marista, amenazas y confiscaciones. En agosto de 2026, Correa fue detenido mientras realizaba una entrevista; al mismo tiempo, agentes se presentaron en su vivienda y amenazaron a Figueredo y a su hija.
Ante ese cuadro, el 9 de septiembre de 2026, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a la familia.
La denuncia de Correa pone en evidencia una doble exclusión: la económica, que el colapso del transporte impone a miles de estudiantes cubanos, y la política, que la Seguridad del Estado ejerce sobre los hijos de quienes se atreven a informar con independencia. «Abajo las dictaduras», cerró el periodista en su publicación.
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