Un gran jurado federal de Florida acusó a 13 personas, entre ellas ciudadanos de Cuba y Brasil, por su presunta participación en una trama de fraude migratorio vinculada a una empresa de Orlando investigada desde abril por haber recaudado más de 20 millones de dólares mediante supuestos servicios legales ofrecidos a inmigrantes.
La acusación federal, presentada el 21 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, contiene 11 cargos por delitos relacionados con fraude electrónico, documentación migratoria, contratación de trabajadores sin autorización laboral y matrimonios fraudulentos.
Por su parte, el medio estadounidense FOX 35 Orlando informó este lunes que entre los 13 acusados hay ciudadanos de Cuba y Brasil, un dato que no aparece desglosado por nacionalidades en la acusación judicial.
La investigación se concentra en Legacy Imigra Solutions LLC, también conocida como Legacy Group, una compañía con sede en Orlando que se presentaba como una empresa especializada en asesoramiento y trámites de inmigración.
Según los fiscales, la compañía era propiedad de Vagner Soares de Almeida, quien dirigía sus operaciones. Juliana Colucci trabajaba en la empresa, junto con otros empleados que ocupaban puestos de ventas, administración y procesamiento de solicitudes de asilo.
La acusación sostiene que, entre agosto de 2023 y abril de 2026, los responsables de Legacy ofrecieron asesoramiento migratorio falso, inexacto o incompleto para conseguir que personas interesadas en regularizar su situación contrataran sus servicios.
La empresa presuntamente se anunciaba como un establecimiento profesional con expertos y abogados capaces de preparar documentos y solicitudes para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos.
Los investigadores señalan que Legacy buscaba especialmente clientes brasileños mediante anuncios en redes sociales, páginas web y servicios de mensajería. La publicidad se difundía en portugués y español.
Una vez contratados sus servicios, los acusados habrían preparado documentación con declaraciones falsas para presentarla ante las autoridades migratorias estadounidenses.
El expediente describe además una práctica utilizada para controlar las comunicaciones de los clientes: la creación de cuentas de correo electrónico a nombre de esas personas y el uso de direcciones postales vinculadas a Legacy para recibir notificaciones y documentos oficiales.
Según la Fiscalía, la empresa presuntamente retenía documentos y beneficios migratorios hasta que los clientes pagaran tarifas adicionales. Los pagos terminaban en cuentas bancarias controladas por De Almeida.
La acusación identifica a Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva, Nathalia de Costa Ferreira, Ronaldo de Campos, Erick Bruno Goncalves de Assis Pinto, Ronay Castillo Salazar, Kelen Cristina da Silva, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez, Issac Antonio Narvaez, Nathalia Gomes Ciriaco y Lorraine Soares Oliveira.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada persona. Ocho acusados figuran en la presunta conspiración de fraude electrónico relacionada directamente con las operaciones de Legacy Imigra.
El expediente también incluye dos cargos de fraude electrónico vinculados a transferencias realizadas mediante Zelle: una de 1,000 dólares el 30 de diciembre de 2024 y otra de 374,58 dólares el 21 de enero de 2025, ambas dirigidas a De Almeida.
Los fiscales atribuyen al mismo grupo de ocho personas presuntas conspiraciones relacionadas con documentación migratoria falsa, entre ellas una solicitud de asilo mediante el formulario I-589, una solicitud I-914, una petición de empleo temporal H-1B y documentación relacionada con una certificación laboral para la categoría EB-3.
Otro cargo señala a De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva y Ronaldo de Campos por una presunta práctica reiterada de contratación de trabajadores que, según la acusación, carecían de autorización para trabajar en Estados Unidos.
La Fiscalía también describe tres supuestos acuerdos para celebrar matrimonios con la finalidad de obtener beneficios migratorios indebidos.
Uno de esos casos involucra a Juliana Colucci, Issac Antonio Narvaez y Ronay Castillo Salazar. Otro incluye a De Almeida, Narvaez y Rebecca Aldama Garcia.
Un tercer caso menciona a Narvaez, Mijail Cabrera Nunez y Lorraine Soares Oliveira. Según los fiscales, los matrimonios estaban destinados a facilitar la obtención de residencia permanente a personas que no cumplían los requisitos legales.
La acusación también solicita el posible decomiso de dinero y bienes vinculados a los presuntos delitos, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes y se produzcan las condenas pertinentes.
FOX 35 Orlando señaló que algunos acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dependiendo de los delitos por los que sean procesados y condenados.
El caso ya había provocado una operación policial meses atrás. El 23 de abril, las autoridades del condado de Orange anunciaron la detención de cuatro personas vinculadas a Legacy Imigra: De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva y Ronaldo de Campos.
En aquella investigación, el sheriff John Mina denunció que la empresa había explotado económicamente a inmigrantes, principalmente brasileños, que buscaban obtener un estatus legal en Estados Unidos.
La Oficina del Sheriff estimó entonces que Legacy había recaudado más de 20 millones de dólares en aproximadamente tres años.
Las autoridades habían identificado personas afectadas en Florida, Carolina del Sur, Connecticut y Nueva Jersey. Algunas denunciaron pérdidas individuales de entre 2,500 y 26,000 dólares.
Según la investigación divulgada en abril, la agencia presuntamente retenía documentos migratorios y exigía pagos adicionales para entregarlos. Algunos clientes temían denunciar lo ocurrido debido a su situación migratoria.
La investigación estatal se desarrolló con participación de la Oficina del Sheriff del condado de Orange, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de Florida.
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