La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid pusieron fin en la madrugada de este martes a la Acampada 26S, el campamento por el derecho a la vivienda que durante 38 días ocupó la céntrica Puerta del Sol, en una operación que concluyó con 334 personas desalojadas y dos detenidas por resistencia y desobediencia a la autoridad.
El dispositivo movilizó a 400 agentes —220 de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal—, con apoyo de bomberos y servicios sociales. La Delegación del Gobierno en Madrid calificó la intervención de «último recurso» adoptado tras un «proceso de actuación gradual», y aseguró que transcurrió «sin disturbios ni episodios de violencia». Los organizadores de la acampada, en cambio, denunciaron una actuación «violenta» con uso de «gas pimienta» y golpes que dejaron varias personas heridas.
La protesta había nacido el 26 de septiembre como respuesta al desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía desde 1956 en un piso del barrio de Retiro. Trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón, falleció el 7 de octubre sin haber podido regresar al hogar, convirtiéndose en símbolo de la crisis habitacional española.
Lo que comenzó como una protesta específica contra los desahucios y el precio del alquiler fue ampliándose con el tiempo para incluir grupos antifascistas, anticapitalistas, propalestinos y pro derechos LGTBI, además de personas sin hogar. La acampada superó en duración a la histórica del 15-M de 2011, que se prolongó durante 28 días.
El desalojo no fue una decisión repentina. El 26 de octubre, el entonces delegado del Gobierno Francisco Martín envió un primer escrito a los acampados señalando que había transcurrido un «tiempo razonable» para trasladar sus exigencias a la sociedad. Tres días después se remitió un segundo requerimiento exigiendo el desmantelamiento «a la mayor brevedad». El 30 de octubre, las propias comisiones organizadoras anunciaron la disolución de sus estructuras para preparar la huelga general del próximo 11 de noviembre, convocada por CCOO, UGT y otros sindicatos, aunque un grupo residual se negó a abandonar la plaza.
Tras el desalojo, los servicios de limpieza del Ayuntamiento retiraron con excavadoras y camiones todos los restos del campamento. El alcalde José Luis Martínez-Almeida cifró en más de 30 millones de euros las pérdidas acumuladas por el comercio local durante los 38 días de acampada.
Las reacciones políticas no tardaron. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó en X: «Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró el desalojo como «una buena noticia para la salubridad pública, los comerciantes, la hostelería y la imagen de Madrid» y afirmó que con él «vuelve a funcionar el Estado de derecho».
En Barcelona, el Govern catalán descartó por el momento actuar de forma similar con la acampada instalada en la plaza de Catalunya. La portavoz Silvia Paneque fue clara: «No prevemos ninguna actuación de momento, excepto que hubiera elementos que lo recomendasen».
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