Óscar Puente anunció este martes su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que dejó 69 muertos y se convirtió en el segundo gran siniestro de la alta velocidad española en menos de un año.
El anuncio llegó al término de una comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde Puente también renunció a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre, a menos de un mes de los comicios.
El giro fue notable porque apenas tres días antes, el 30 de octubre, el ministro había descartado públicamente abandonar el cargo y había señalado un posible error humano en el Centro de Regulación y Control de Adif como hipótesis principal del siniestro, lo que la oposición interpretó como un intento de cargar la responsabilidad sobre un operario de base para blindar su continuidad política.
Puente justificó su salida como una cuestión de «dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas» y fue categórico: «Un ministro de Transportes no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año».
El accidente de Urda se produjo el 28 de octubre cuando un AVE de Renfe con 397 pasajeros embistió por detrás a un tren de Iryo con 147 viajeros que permanecía detenido en la vía. La colisión descarriló cuatro vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén.
La investigación apunta a tres fallos sucesivos de seguridad: una avería del sistema de señalización LZB que afectó a 63 kilómetros de vía, una orden del operador del centro de control al AVE para reanudar la marcha «con normalidad» sin imponer la limitación de 40 km/h exigida en modo degradado, y la ausencia de cualquier alerta al maquinista del AVE sobre el tren detenido delante.
El contrato para sustituir ese sistema obsoleto por el moderno ERTMS fue adjudicado en 2021 por 93,8 millones de euros, con plazo hasta enero de 2026, pero la actualización no estaba operativa cuando ocurrió el siniestro.
Este accidente fue el segundo en la red de alta velocidad española en menos de un año. El anterior tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), donde un tren Iryo descarriló e invadió la vía contraria al chocar con un Alvia, con un saldo de 46 muertos. El balance combinado de ambos siniestros supera los 115 fallecidos.
Ante el Congreso, Puente reconoció que «la culpa no puede morir soltera» y aseguró que su dolor, aunque incomparable con el de las familias, era el mayor después del de las víctimas: «Drama, sin duda, es el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos, a los que ya no van a poder volver a ver».
La reacción de la oposición fue inmediata y dura. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que la dimisión llegaba «116 muertos tarde», mientras el secretario general del partido, Miguel Tellado, la calificó de «imprescindible, pero no suficiente» y extendió la responsabilidad al presidente Pedro Sánchez. Desde Vox, Santiago Abascal exigió directamente la dimisión del jefe del Gobierno.
La dirección federal del PSOE describió la decisión de Puente como un gesto de «dignidad» y «valentía». Sánchez deberá nombrar un nuevo titular de Transportes en plena investigación judicial y técnica de los dos accidentes, con las elecciones generales a menos de cuatro semanas.
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