Una compañía registrada en Chipre, otra en Panamá y dos sociedades cubanas figuran entre las entidades vinculadas por Estados Unidos al transporte de petróleo hacia y desde Cuba, en las sanciones anunciadas el 5 de noviembre.
Washington vinculó a estas empresas con cinco buques y sancionó también a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja por su participación en un entramado de compañías marítimas que trasladan combustible desde y hacia Cuba.
El Departamento de Estado sostiene que el régimen cubano utiliza intermediarios establecidos fuera de la isla para sostener el movimiento de crudo y derivados. Las cuatro empresas quedaron designadas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, que permite sancionar a quienes operan o han operado en el sector energético cubano.
Las compañías de Chipre y Panamá y sus vínculos con Cuba
Caroil Transport Marine Ltd., con sede en Chipre, administra comercialmente tres petroleros identificados por las autoridades estadounidenses: Esperanza, Gloria C y María Cristina. La compañía ya había sido sancionada por el Departamento del Tesoro el 24 de septiembre de 2019, por lo que la decisión de noviembre añade una nueva base jurídica a restricciones anteriores.
Los registros oficiales de la OFAC identifican a Caroil con una dirección en Limassol, Chipre, y otra en el barrio habanero de Miramar. En la actualización del 5 de noviembre figura, además, el nombre alternativo Frisian Faith Shipping Company Limited. Estos datos permiten identificar a la sociedad sancionada, pero no establecen por sí solos quiénes son sus beneficiarios finales.
La segunda compañía extranjera es Tentacool Commercial Inc., con sede en Panamá. El Departamento de Estado la identifica como propietaria registrada del Gloria C, mientras atribuye a Caroil la gestión comercial de ese mismo buque. La diferencia es importante: la empresa que aparece como dueña de un barco no tiene por qué ser la que gestiona sus operaciones comerciales.
En Cuba, Internacional Marítima S.A. figura como propietaria registrada del Esperanza, cuyo administrador comercial es Caroil. La otra entidad sancionada, Petróleos Marítimos del Caribe S.A. (Petromarca), gestiona y opera dos buques de bandera cubana: Emilia y Lourdes. Según Washington, Petromarca es propietaria registrada del Emilia y gestora comercial de ambos.
Las sanciones alcanzaron también a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, señalado por Estados Unidos como integrante de una extensa red de navieras dedicadas al transporte de productos petroleros. El comunicado no detalla vínculos accionariales del sancionado con cada una de las cuatro compañías designadas.
Cinco buques identificados y efectos de las sanciones
La lista comprende al Esperanza (IMO 9289166), Gloria C (9540273), María Cristina (9502453), Emilia (9242209) y Lourdes (9259692). Los números IMO identifican cada embarcación aunque cambie de nombre o bandera, un dato especialmente relevante para seguir sus registros marítimos.
No todos fueron incorporados por primera vez a las listas de sanciones. Esperanza y María Cristina ya habían sido identificados como propiedad bloqueada en 2019, mientras que Emilia y Gloria C fueron añadidos en la actualización del 5 de noviembre de 2026.
La OFAC también actualizó los registros de embarcaciones previamente sancionadas. El petrolero Lourdes, identificado anteriormente como Giralt bajo bandera panameña, figura ahora con nombre y bandera cubanos. Lo mismo sucede con María Cristina, antes denominado Carlota C. Los números de identificación marítima permiten comprobar que se trata de las mismas embarcaciones pese a esos cambios.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes y activos de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y entidades estadounidenses. También prohíben, salvo autorización o exención, realizar transacciones comerciales o financieras que involucren esos bienes.
Las restricciones pueden extenderse a otras compañías que, aun sin figurar expresamente en la lista, pertenezcan en un 50 % o más, individual o conjuntamente, a personas o entidades sancionadas.
Además, el Departamento del Tesoro amplió la posibilidad de imponer sanciones a empresas extranjeras que operen o hayan operado en los sectores cubanos de electrónica, manufactura, transporte marítimo y tecnología.
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