El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió este martes la liberación inmediata del preso político del 11J José Ramón Solano Randiche, quien cumple una condena de 13 años en la cárcel «Cuba Sí», en Holguín, y permanece sometido a un régimen de mayor severidad que debió haber concluido a mediados de octubre.
La denuncia, publicada por el OCDH en la red social X, recoge el testimonio de su esposa, Liuba María Gallo Plácido, quien alertó a Martí Noticias que las autoridades penitenciarias no han revertido el castigo disciplinario pese a que el plazo ya venció.
«Aunque a mediados de octubre debía finalizar el castigo disciplinario que le impusieron, las autoridades penitenciarias no lo han devuelto a su régimen anterior», denunció Gallo Plácido.
La cadena de represalias contra Solano Randiche comenzó el 14 de julio de 2026, cuando la dirección de la Prisión Provincial de Holguín suspendió sin previo aviso los pases reglamentarios de su destacamento, impidiéndole estar con su familia el día del cumpleaños de su hijo pequeño.
Al reclamar sus derechos, los mandos militares le revocaron la correccional con internamiento y le impusieron seis meses en régimen de máxima severidad.
Como respuesta, el preso inició una huelga de hambre que se prolongó por varias semanas y lo dejó en condiciones críticas: al cumplir 23 días sin comer, según Cubalex, se encontraba en una celda de aislamiento sin colchón, con gran debilidad y dificultad para hablar, agravada por condiciones previas de asma y alergias.
Su esposa confirmó que perdió 20 kilogramos durante la protesta, pasando de 81 a 60 kilos.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó además que la prisión le negó asistencia religiosa solicitada por su madre y le confiscó su Biblia.
Durante ese período, agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a Gallo Plácido con represalias contra el prisionero por hacer públicas sus denuncias.
Solano Randiche depuso la huelga de hambre el 14 de agosto tras lograr que las autoridades redujeran la sanción de seis a tres meses, con el cómputo contabilizado retroactivamente desde el 16 de julio, lo que situaba el fin del castigo aproximadamente a mediados de octubre.
Sin embargo, ese plazo ya transcurrió y las condiciones del preso no han cambiado, según la denuncia de su familia.
Solano Randiche fue condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, donde 20 manifestantes recibieron penas de entre cinco y 20 años por sedición, incluidos cinco menores de edad.
La Fiscalía llegó a pedir 30 años de prisión para él; fue condenado inicialmente a 18 y la pena quedó en 13 tras la apelación.
Organizaciones de derechos humanos señalan que las condenas del 11J son 34 veces más severas que las impuestas a los asaltantes del Moncada en 1953.
El caso se enmarca en un patrón documentado de represalias penitenciarias: Cubalex registró 95 personas sometidas a aislamiento o celdas de castigo durante 2026, con 18 incidentes solo en octubre.
Según Prisoners Defenders, Cuba mantiene más de 1,200 presos políticos en 2026, entre ellos cientos de manifestantes del 11J.
«Desde el OCDH exigimos el cese de estas medidas arbitrarias, garantías para su integridad física y la libertad inmediata de José Ramón Solano Randiche», concluyó la organización en su denuncia.
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