«Están poniendo a prueba a los masones»: Denuncian ofensiva del régimen contra los dirigentes de la masonería cubana

Líderes masónicos cubanos © Facebook/Ángel Santiesteban
Líderes masónicos cubanos Foto © Facebook/Ángel Santiesteban

El escritor y soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, Ángel Santiesteban Prats, denunció que la condena dictada contra cuatro dirigentes masónicos el 5 de noviembre responde a una persecución política orquestada por el régimen para desplazar a la cúpula independiente de la masonería cubana.

En una publicación en su perfil de Facebook, fue categórico: «El juicio es político. Nadie debe tener duda al respecto. Al final del juicio cuando te preguntan si tienes algo que agregar dije: en todas las horas que he estado aquí, no se me ha podido probar que haya cometido un delito. El juez lego asintió dándome la razón».

El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, condenó a cuatro masones por supuesto tráfico ilegal de divisas: José Ramón Viñas Alonso, exsoberano gran comendador, recibió cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25,000 pesos cubanos; el contador Fernando Marcos García, tres años y 20,000 pesos; y Santiesteban Prats junto a Osvaldo Ernesto Villegas Digat, dos años cada uno y 20,000 pesos de multa. Los cuatro recibieron además prohibición de salida del país e inhabilitación para ejercer cargos.

El caso se sustenta en 300 dólares en total, convertidos a tasa informal en dos operaciones realizadas en 2023 y 2025 para cubrir necesidades del Asilo Nacional Masónico Llansó, un hogar de ancianos que atiende a unas 90 personas mayores y depende de donaciones.

Santiesteban Prats rechazó que esas transacciones constituyeran delito. Explicó que los 200 dólares eran una donación enviada desde Miami por un hermano masónico que viajó a Cuba y reclamó su propio dinero para encargarse de la compra. En cuanto a los 100 dólares restantes, Villegas Digat los usó para adquirir un medicamento para su hijo recién operado: «Eso no es cambiar en mercado ilegal o negro. Es como si en tu casa le cambiaras a tu hermano 100 dólares y él te dé CUP. ¿Eso es ilegal?».

La organización jurídica Cubalex cuestionó la legitimidad del proceso señalando que ambas operaciones estaban registradas en los libros contables del asilo y que la investigación fue asignada al Órgano Especializado en Delitos Contra la Seguridad del Estado del MININT, inusual para un caso de cambio de divisas. «Asignar la investigación de un ajuste contable de 300 USD en una entidad benéfica al aparato de Inteligencia y Seguridad del Estado evidencia una clara persecución política», concluyó Cubalex.

El escrito de acusación incluyó además valoraciones ideológicas sobre Santiesteban Prats: que «se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario» y «no se dedica a ninguna actividad socialmente útil».

Santiesteban Prats denunció también que el tribunal filtró la sentencia al medio oficialista Razones de Cuba antes de que la jueza terminara de leerla en sala. La magistrada que presidió el juicio, Zamira Marrero Morgado, es la misma que en octubre condenó a la creadora de contenido Anna Bensi y su madre.

La ofensiva contra la masonería independiente se intensificó tras el 11 de julio de 2021, cuando el Supremo Consejo del Grado 33 publicó una carta rechazando el llamado de Díaz-Canel a enfrentar violentamente a los manifestantes. Desde entonces, el régimen desplegó interrogatorios, auditorías sorpresivas y congelamiento de cuentas. En agosto de 2026, el Ministerio de Justicia intentó instalar como interino a un hombre que la propia Alta Cámara había separado de la Orden, pero una movilización de masones en La Habana frustró el intento. Ante el agotamiento de las vías legales, la Alta Cámara eligió a Santiesteban Prats como nuevo soberano gran comendador en septiembre de 2026. Semanas después llegaron las condenas.

Santiesteban Prats, que ya fue preso político en 2013 en un proceso que organizaciones internacionales calificaron de motivado políticamente, recordó que una teniente coronel de la Seguridad del Estado identificada como «Kenia» les había advertido: «O se quitan o los quitamos». Y cerró con una declaración dirigida a los cerca de 28,000 miembros de la masonería cubana: «Están poniendo a prueba a los masones. Veremos de qué estamos hechos».

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