El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes suspender el derecho al voto de los hijos e hijas de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada ley de nietos, lo que permite que cerca de 189.678 personas inscritas en el censo electoral exterior puedan participar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal desestimó así la petición cautelar presentada por la organización Iustitia Europa y el partido Vox, que reclamaban extender a este grupo la misma restricción que el Supremo ya había impuesto a sus progenitores en septiembre pasado.
El auto, notificado este lunes —día festivo en Madrid—, contó con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados y con el voto concurrente de una magistrada que respaldó el resultado pero discrepó de parte de la argumentación.
Los magistrados fundamentaron su decisión en razones de seguridad jurídica y estabilidad electoral. Según el tribunal, la petición de Vox e Iustitia Europa se formuló «transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña» y a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados.
El Supremo concluyó que revisar el censo en ese plazo resultaba «contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», dado que surgían serias dudas sobre «la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio».
El tribunal subrayó además un elemento que consideró «relevante»: el número de hijos afectados —189.678 personas— supera al de los progenitores con el voto ya suspendido, cifrados en 162.454, lo que hacía aún más inviable una revisión del censo en ese margen de tiempo.
La Abogacía del Estado se había opuesto a la ampliación de la medida, advirtiendo de que causaría una «grave alteración logística y un colapso procesal» en las oficinas consulares y en las mesas de escrutinio, y que identificar individualmente a los afectados resultaría de «imposible cumplimiento».
El fallo no modifica, sin embargo, la situación de los progenitores. El Supremo rechazó también las alegaciones de asociaciones y particulares que pedían reconsiderar la suspensión del voto exterior para los más de 163.000 nacionalizados por la ley de nietos, que continúa vigente. Solo 901 de ellos habían acreditado ante los consulados su condición de descendientes de exiliados y podrán acudir a las urnas.
El impacto de esta batalla judicial es especialmente relevante para los cubanos. El Consulado General de España en La Habana recibió más de 107.000 solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos hasta el primer semestre de 2025, y se estima que más de 350.000 cubanos iniciaron trámites desde octubre de 2022.
Es importante precisar que la suspensión cautelar no anula la nacionalidad española ni revoca los pasaportes ya expedidos; afecta exclusivamente al derecho de voto desde el exterior a través del Censo Electoral de Residentes Ausentes. Los cubanos con nacionalidad española que residen y están empadronados en España pueden votar el 29-N sin ninguna restricción.
Las elecciones generales del 29 de noviembre fueron convocadas anticipadamente por el presidente Pedro Sánchez el 5 de octubre, tras el rechazo parlamentario de dos reales decretos-ley sobre vivienda. El Supremo aún debe resolver el fondo del asunto sobre la validez de las nacionalizaciones, un proceso que se extenderá más allá de la jornada electoral.
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