La Comisión de la Ciudad de Miami tiene previsto votar el jueves 20 de noviembre una ordenanza que dejaría sin funciones a su Junta Asesora LGBTQ, suprimiría la oficina municipal de igualdad de oportunidades y derogaría la política de acción afirmativa del código de la ciudad, todo ello para adaptarse a la nueva ley estatal anti-DEI de Florida antes de que entre en vigor el 1 de enero.
La norma en cuestión es la SB 1134, firmada por el gobernador Ron DeSantis en abril de 2026, que prohíbe a condados y municipios del estado financiar, promover o adoptar medidas oficiales vinculadas a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La misma ley ya obligó a Delray Beach a cancelar su desfile de San Patricio y su evento del Orgullo previstos para 2027.
Según una investigación de The Florida Trib, la propuesta que se debatirá la próxima semana no identifica a ningún patrocinador. Bajo ese texto, la Junta Asesora LGBTQ —creada en 2020 con la misión de mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes de ese colectivo— seguiría existiendo formalmente, pero perdería el abogado municipal asignado y todas sus competencias recogidas en el código: desde hacer recomendaciones a la Comisión hasta servir como foro para expresar preocupaciones sobre homofobia y transfobia.
La ordenanza incluye una cláusula que restauraría esos poderes si la SB 1134 fuera derogada o declarada inconstitucional.
Además de vaciar la junta LGBTQ, la propuesta eliminaría por completo la Junta Asesora de Igualdad de Oportunidades y la oficina Equal Opportunity Diversity Programs, que gestiona las quejas internas de discriminación laboral. Esas denuncias pasarían a tramitarse a través del departamento de Recursos Humanos.
También quedaría derogada la política de acción afirmativa municipal, que hasta ahora establece la «responsabilidad ética y moral» de la ciudad de considerar a solicitantes y empleados sin distinción de raza, sexo, religión, origen nacional ni discapacidad.
El único comisionado que ha anunciado públicamente su posición es Damian Pardo, del Distrito 2, primer comisionado abiertamente gay de Miami y cofundador de la organización LGBTQ SAVE. Pardo votará en contra.
«Todo esto nos perjudica. Perjudica nuestra economía. Perjudica nuestra imagen en el mundo. Esto afecta vidas reales y personas reales. Tiene consecuencias», declaró Pardo a The Florida Trib.
En un comunicado escrito, el comisionado fue más directo: «La SB 1134 fue un atropello cuando se aprobó: un ejemplo más de injerencia estatal en asuntos locales, claramente dirigida contra los residentes LGBTQ y otros grupos. La ley debería derogarse de inmediato».
Pardo también vinculó la votación con los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que Miami-Dade giró unos 18 puntos hacia los demócratas respecto de 2024, con una participación superior al 60%.
El condado eligió candidatos demócratas para el Senado federal, la gobernación y la fiscalía general del estado. «Si los resultados de las elecciones intermedias indican algo, es que los votantes están hartos de las guerras culturales y quieren que nos dediquemos a atender sus necesidades», señaló.
La votación se convierte en la primera gran prueba política para la alcaldesa Eileen Higgins, primera demócrata al frente de Miami en casi tres décadas, quien no tiene voto en la Comisión pero sí poder de veto. Al cierre de esta edición, Higgins no había respondido si vetaría la ordenanza en caso de que fuera aprobada.
De recibir luz verde la próxima semana, la medida deberá superar una segunda y definitiva votación antes de entrar en vigor.
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