Cinco hombres fueron condenados en Ciego de Ávila por el robo de 600 litros de aceite dieléctrico de una subestación eléctrica, un delito que afectó el servicio a cuatro comunidades rurales.
Los dos autores materiales recibieron penas de 12 y nueve años de privación de libertad, respectivamente, mientras que otros tres hombres fueron sancionados por receptación, después de comprar parte del aceite sustraído a sabiendas de su procedencia ilícita.
El caso fue publicado el lunes por el diario oficial Granma, que informó sobre el proceso judicial sin precisar la fecha exacta del juicio. La causa fue juzgada por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal de Ciego de Ávila, en función de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Camagüey.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 de marzo, cuando los autores fracturaron los tornillos que aseguraban la tapa del transformador de la subestación Cítrico Uno, situada en la carretera al Purial, en Ceballos, y extrajeron 600 litros de aceite que almacenaron en porrones de 20 litros.
El cargamento fue trasladado en un vehículo de tracción animal hasta las inmediaciones de la finca Casualidad, propiedad del padre de uno de los acusados. Allí, tres hombres lo compraron para utilizarlo en tierras que cultivaban conjuntamente.
Un registro realizado por oficiales del Ministerio del Interior esa misma tarde permitió recuperar 440 litros. Los 160 restantes nunca aparecieron y dejaron una afectación económica a la Empresa Eléctrica provincial.
La sustracción inutilizó el transformador y dejó sin servicio durante horas a unos 1,750 clientes de Benítez, El Purial, Los Sánchez y Guillet. Entre las consecuencias estuvieron la pérdida de alimentos y la paralización de bombas de agua, abundó la fuente.
La Fiscalía Provincial imputó a los cinco hombres, uno de ellos de apenas 19 años, el delito de sabotaje, previsto en el artículo 125 del Código Penal. Sin embargo, el tribunal condenó a los dos responsables de la sustracción por ese delito y a los otros tres por receptación, contemplada en el artículo 425.1.3.
Además de las penas de cárcel, todos recibieron sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional, así como la obligación de reparar el daño material ocasionado a la Empresa Eléctrica.
Entre las pruebas presentadas figuró un dictamen de odorología criminalística que estableció coincidencias entre una huella olorosa encontrada en la subestación y las impresiones tomadas a dos acusados. También se presentó un análisis químico que confirmó que las muestras recuperadas correspondían a aceite dieléctrico utilizado en transformadores.
El caso se suma a una cadena de robos de aceite dieléctrico que agrava los problemas de la infraestructura eléctrica en Cuba. La escasez de combustibles y la demanda del mercado negro han convertido este producto en una mercancía que se revende como sustituto del diésel para tractores y maquinaria agrícola, a precios de entre 600 y más de 1,000 pesos por litro.
Solo en Ciego de Ávila, una de las provincias más golpeadas por esta modalidad delictiva, se registraron 32 hechos en 2024 y 41 en 2025, con 84 transformadores afectados y más de 14,440 litros sustraídos durante ese último año. A
Entre 2025 y el primer semestre de este año se iniciaron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), entre ellos sabotaje, daño, robo con fuerza, hurto y receptación, confirmaron funcionarios a inicios de septiembre en el programa Hacemos Cuba de la televisión oficial.
La provincia también ha registrado al menos dos muertes desde 2025 en hechos relacionados con intentos de robo al sistema eléctrico, según reportes anteriores.
La publicación de Granma provocó cuestionamientos de lectores sobre la proporcionalidad de las sanciones y el tratamiento penal de quienes compran los productos robados. "De nuevo las sanciones muy benignas. Si es sabotaje, ¿por qué tan benignas sanciones a los delincuentes y a los receptores?", escribió un usuario.
Otro lector consideró que los compradores también deberían recibir castigos equivalentes a los de los autores materiales. "Los participantes de un delito deben ser sancionados con la misma pena todos igualmente, hasta los receptadores, ellos inducen al delito", comentó.
El marco legal invocado para estos procesos incluye el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, aprobado en mayo de 2025, que establece la calificación como sabotaje de actos dirigidos a dañar o sustraer componentes del sistema eléctrico y contempla penas de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte en los casos agravados.
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