El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó el viernes en Madrid un informe jurídico que exige a Roma y a Bruselas activar y evaluar formalmente ocho mecanismos de protección e investigación ante indicios de trabajo forzoso en la misión médica cubana desplegada en Calabria, donde operan unos 200 profesionales sanitarios enviados por la dictadura.
El documento señala que el consentimiento inicial de los médicos no convalida la posterior pérdida de libertad para abandonar el servicio, y detalla los instrumentos de coacción que emplea el régimen: retención de pasaportes, vigilancia permanente, confiscación de la mayor parte del salario y la amenaza de penas de hasta ocho años de prisión bajo el artículo 176 del Código Penal cubano para quienes decidan desvincularse de la misión.
Las cifras que respaldan la denuncia son contundentes. De los 27,5 millones de euros abonados por Italia para contratar a 333 médicos hasta marzo de 2025, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) —vinculada al conglomerado militar GAESA— solo transfirió 6,2 millones a los profesionales, aproximadamente el 24% del total.
El salario base pactado es de 4.700 euros mensuales por médico, pero cada profesional recibe como máximo 1.200 euros, el 25,5% de lo acordado.
La situación se agrava con las horas extraordinarias: el informe documenta una doble retención del 43% presentada como impuesto italiano, más la obligación de devolver el 50% del saldo restante a la CSMC, lo que deja al médico con apenas el 22,5% o menos de lo cobrado por ese concepto. A ello se suman 37 circulares vinculantes con más de 30 prohibiciones que restringen el libre movimiento, las declaraciones a la prensa y las relaciones personales.
El OCDH pide activar ocho herramientas jurídicas concretas: el artículo 5 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso; la Directiva 2011/36/UE sobre trata de personas; la responsabilidad de personas jurídicas prevista en esa misma directiva; el procedimiento de infracción ante la Comisión Europea (artículos 258-260 del TFUE); el régimen global de sanciones de la UE por violaciones de derechos humanos (Reglamento 2020/1998); el Grupo de Expertos GRETA del Consejo de Europa; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y la vía judicial e inspectora italiana directa ante la Procura della Repubblica, la Polizia di Stato, los Carabinieri y el Ispettorato Nazionale del Lavoro.
El informe llega en un momento de presión internacional creciente sobre las misiones médicas cubanas. En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe basado en 71 testimonios que identificó indicios de trabajo forzoso y esclavitud moderna en misiones desplegadas en 109 países, con retenciones salariales de entre el 60% y el 90%.
En junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que vinculó las brigadas cubanas con posibles prácticas de trata. En julio, EE.UU. sancionó a la CSMC y al ministro de Salud cubano José Ángel Portal Miranda, lo que bloqueó cuentas bancarias de la misión y abrió la puerta a que unos 63 médicos solicitaran contratación directa con el sistema sanitario calabrés.
El OCDH ya había presentado en septiembre una petición formal ante la UE en Bruselas para investigar la brigada de Calabria por trata de personas, y el informe del viernes recuerda que las misiones cubanas acumulan antecedentes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU —con comunicaciones conjuntas en 2019 y 2023— y observaciones formales de la Organización Internacional del Trabajo bajo el Convenio núm. 29.
La organización exige a Roma y a Bruselas abrir de oficio investigaciones formales e independientes sobre los convenios suscritos, verificar la voluntariedad de los facultativos y garantizar vías efectivas de amparo frente a represalias.
El calendario añade urgencia: el GRETA tiene prevista una visita de evaluación técnica a Italia en el marco de su cuarta ronda a inicios de 2027, una ventana que el OCDH señala como oportunidad para que las autoridades actúen antes de ese escrutinio.
«La cooperación médica no puede realizarse al margen del Estado de derecho, con independencia de la nacionalidad del cooperante, ni puede ser un salvoconducto para tolerar esquemas de coacción laboral en territorio de la Unión Europea», concluye el informe del OCDH.
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