
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Cuba firmó un Memorando de Entendimiento con el Consejo Global de Carbono (GCC), una organización internacional de certificación de créditos de carbono con sede en Catar, durante las actividades paralelas de la COP31 en Antalya, Turquía, según informó Juventud Técnica.
El acuerdo abre una vía para que Cuba desarrolle proyectos ambientales capaces de generar créditos comercializables en los mercados internacionales, con la posibilidad de captar divisas.
Sin embargo, la firma del memorando no supone ingresos inmediatos ni garantiza que los proyectos lleguen a obtener financiación.
Durante la firma, el viceministro primero del CITMA, Rudy Montero, agradeció el acompañamiento del GCC y expresó la confianza del Gobierno cubano en las oportunidades que ofrece este mecanismo.
La organización internacional manifestó su interés en continuar los intercambios para avanzar en la implementación del acuerdo.
El Estado cubano controla las operaciones con créditos de carbono
La iniciativa llega después de que el Gobierno cubano estableciera un marco regulatorio que concentra en las autoridades estatales la supervisión de las actividades relacionadas con el mercado de carbono.
La Resolución 106/2025 del CITMA, publicada en septiembre de 2025, regula estas operaciones y designa al ministerio como Autoridad Nacional Designada para dirigir y controlar el sistema.
El artículo 4 de la norma establece que el Estado cubano ejerce su soberanía y sus derechos de propiedad sobre los recursos naturales, incluido el carbono capturado o retenido.
La regulación comprende tanto los mercados voluntarios como los regulados y se aplica a personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, públicas o privadas.
La participación de empresas privadas e inversionistas extranjeros queda sujeta al marco de autorizaciones y supervisión establecido por las autoridades cubanas.
Las disposiciones sobre utilización y transmisión de créditos contemplan controles administrativos sobre estas operaciones. El CITMA también administra el registro correspondiente y exige a los titulares de proyectos información periódica sobre sus actividades y transacciones.
De este modo, los participantes privados deben cumplir los procedimientos estatales aplicables para desarrollar proyectos y comercializar los créditos correspondientes. La regulación de estas operaciones, sin embargo, no significa necesariamente que el Estado reciba la totalidad de los ingresos obtenidos por cada proyecto.
Los proyectos también deben ajustarse a las prioridades económicas y sociales establecidas por el Gobierno, al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y a los programas oficiales de adaptación al cambio climático.
¿Cómo puede Cuba obtener divisas con los créditos de carbono?
Un crédito de carbono representa, generalmente, una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente cuya emisión ha sido evitada o reducida, o que ha sido retirada de la atmósfera mediante un proyecto certificado.
Estos créditos pueden comercializarse entre empresas, organizaciones o gobiernos interesados en compensar emisiones o cumplir determinados compromisos ambientales, según las reglas del mercado correspondiente.
El Consejo Global de Carbono, creado en 2016, desarrolla programas de certificación para iniciativas relacionadas con energías renovables, eficiencia energética, captura de metano, reducción de emisiones industriales y otras actividades ambientales.
En el caso cubano, podrían impulsarse proyectos de generación de energía renovable, recuperación de ecosistemas, aprovechamiento de residuos o mejoras en la eficiencia energética, siempre que cumplan los requisitos técnicos del programa de certificación.
Para generar créditos comercializables, los promotores deben demostrar reducciones o remociones de emisiones conforme a metodologías reconocidas, establecer mecanismos de medición y seguimiento y someter los resultados a los procesos de validación y verificación exigidos.
La adicionalidad, que busca demostrar que los beneficios climáticos del proyecto superan los que se habrían producido en ausencia de este, constituye uno de los criterios fundamentales de numerosos programas de certificación.
Solo después de completar los procedimientos correspondientes podrán emitirse créditos susceptibles de comercialización.
El memorando firmado durante la COP31 no identifica cantidades de créditos que Cuba pueda vender ni establece ingresos previstos. Tampoco supone que existan compradores comprometidos con futuros proyectos cubanos.
La obtención de recursos dependerá de la capacidad para desarrollar iniciativas viables, financiar su ejecución, acreditar los resultados ambientales y encontrar compradores.
El acuerdo llega mientras Cuba reorganiza el ministerio responsable del medio ambiente
La firma del memorando se produce durante una reorganización de la Administración Central del Estado cubano que contempla la desaparición del actual Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y la distribución de sus competencias entre nuevas estructuras ministeriales.
La Ley 186 de Organización de la Administración Central del Estado, publicada en la Gaceta Oficial el 2 de noviembre de 2026 y en vigor desde el día 9, establece la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, que asumirá la dirección y el control de la política ambiental y climática, así como la gestión sostenible de los recursos naturales.
La legislación también crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, que concentrará las competencias relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.
Las disposiciones transitorias conceden hasta un año para ejecutar los movimientos organizativos y transferir los recursos humanos, materiales y financieros a los organismos que asumirán las funciones correspondientes.
La ley establece además que los nuevos organismos serán considerados continuadores legales de aquellos cuyas competencias absorban, incluso en sus relaciones y compromisos internacionales.
Por tanto, aunque el CITMA firmó el memorando con el Consejo Global de Carbono, la gestión futura de las competencias ambientales vinculadas al mercado de carbono deberá adaptarse a la nueva estructura ministerial.
La ley no precisa expresamente qué unidad administrativa asumirá las autorizaciones y el registro de créditos establecidos en la Resolución 106/2025.
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